El PSOE asturiano y más líderes socialistas presionan a Sánchez para reformar la ley del “solo sí es sí”

El PSOE asturiano defendió ayer una reforma inmediata en el Congreso de la ley del "sí es sí" para evitar el agujero legal por el que han logrado rebajas de pena acusados de violación amparándose en la reforma legal llevada a cabo por el Gobierno central a instancias de Podemos. El debate político alcanza una elevada temperatura: cargos del PSOE de toda España se han manifestado reclamando una reforma legal, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la nueva regulación, a la espera de un dictamen del Tribunal Supremo para establecer jurisprudencia y, a partir de ahí, "ver los pasos a dar".

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió una corrección "inmediata" de la norma. "Los debates jurídicos deben hacerse siempre con rigor técnico, y cuando se detecta un efecto no deseado derivado de la aplicación de una norma, hay que corregirlo con carácter inmediato", aseguró Barbón. La primera persona del PSOE asturiano en intervenir con esa posición fue, no obstante, la directora general de Igualdad, Nuria Varela. Poco después, la delegada del Gobierno, Delia Losa, instaba al Congreso de los Diputados a "corregir inmediatamente" el "efecto perverso" de la ley del "sólo sí es sí". Losa afirmaba que la reducción de condenas era "por supuesto" un efecto no deseado por el Gobierno, ya que esta ley viene a "garantizar la libertad sexual". "Si está generando este problema de interpretación en la justicia, habrá que analizar las sentencias dictadas para ver dónde se produce la quiebra del objetivo de la ley y atajarla", aseguró. Para Losa, el parlamento es "un órgano vivo" que debe "corregir" este problema.

La ley del “solo sí es sí” tiene “deficiencias que debieron subsanarse”, asegura la directora de Igualdad del Principado

Las declaraciones de ambos dirigentes socialistas asturianos se suman a las de otros cargos socialistas que presionan al Ejecutivo para que active una reforma legal. También se han pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, o el de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, para quien reformar la ley "va en sintonía con lo que gran parte de la ciudadanía entiende y quiere". Incluso la ministra de Educación, Pilar Alegría, expresó una posición bastante más matizada que la que poco antes había expresado Pedro Sánchez, quien había dejado en manos de "los tribunales y la Fiscalía" la unificación de la doctrina para "extraer soluciones", lo que no permitiría una solución inmediata. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno está dispuesto a impulsar las actuaciones que permitan que la ley cumpla su objetivo de "proteger a las víctimas", endureciendo penas y sanciones en lugar de rebajarlas.

En medio de este clima, la ministra de Igualdad, Irene Montero ocasionó un evidente enfado de la judicatura al atribuir las sentencias que reducen condena a violadores a errores de los jueces. _Montero reclamó "formar" mejor a los jueces. "Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley", afirmó la ministra, quien llegó a asegurar: "Nos preocupa que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas" y que eso pueda "dejar en impunidad a los agresores" y "desproteger a las mujeres", Incluso llegó a citar organismos internacionales para afirmar que en algunos casos "los estereotipos y el machismo pueden comprometer la imparcialidad e integridad de los sistemas de justicia".

Irene Montero, sola

Montero se quedó prácticamente sola en el Gobierno defendiendo la letra íntegra de la ley, ya que incluso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, no la ha respaldado. Las declaraciones de Montero ocasionaron una agria crítica por parte de los jueces. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial censuró en un comunicado los "intolerables ataques" por parte de la ministra y otros responsables políticos de Podemos contra los jueces. El Consejo expresa "su más firme repulsa" a estos insultos y destaca que la judicatura ha mantenido un compromiso acreditado con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. "Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección", señaló el Consejo.

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