Oviedo, José A. ORDÓÑEZ
Severino García Vigón, presidente de la patronal asturiana (FADE), advirtió ayer de las «gravísimas consecuencias» que tendría para las empresas de la región un hipotético rechazo del Consejo de Política Fiscal y Financiera al plan de ajuste del Principado. Si no logra la luz verde para su propuesta de reequilibrio, la Administración autonómica quedaría fuera del programa estatal de financiación para el pago a proveedores, del que espera obtener 259 millones de euros con los que hacer frente a las obligaciones pendientes.
La exclusión de Asturias de este mecanismo de pago perjudicaría a las empresas que esperan cobrar las deudas del Principado gracias a un mecanismo de financiación al que únicamente se puede acceder con el plan de reequilibrio aprobado. En esta tesitura, el presidente de la FADE reiteró el llamamiento a la «responsabilidad» de las formaciones políticas para que constituyan un «Gobierno estable» con capacidad de conjurar el riesgo de intervención derivado del rechazo al plan de ajuste. De momento, Vigón considera que Hacienda ha lanzado una «amenaza» derivada de una inestabilidad política que, a su juicio, debe concluir a partir del Pleno de investidura convocado para el próximo día 22.
Sobre la base de que «no hay nada definitivo», el presidente de la FADE también hizo un llamamiento a «la tranquilidad», en la esperanza de que esa amenaza de Hacienda no se consume. Para ello, emplazó al próximo Gobierno regional a «asumir con diligencia y sin tardanza» todas las encomiendas relacionadas con el ajuste fiscal, en colaboración con el Ejecutivo central. García Vigón se mostró optimista sobre las posibilidades de que, finalmente, el Ministerio no proceda a la intervención de las cuentas regionales. Y es que, según indicó, «los datos objetivos sobre deuda y déficit señalan que Asturias no es la comunidad autónoma que debería ocupar el primer lugar en cuanto a una posible intervención». Para el máximo responsable de la FADE, lo «lamentable es que Asturias haya sido noticia por esto, incluso fuera de España, donde no hay constancia de la situación concreta de la región o de que está convocada para dentro de unos días la sesión de investidura del nuevo Gobierno regional».
La patronal había dado una relevancia especial al mecanismo para la financiación del pago a los proveedores, que está ahora en riesgo por las reticencias de Hacienda al plan de ajuste. La FADE sostiene que los 259 millones de euros que pide el Gobierno regional con cargo a este programa supondrían «una importante inyección de liquidez y mejora de solvencia para las empresas». La FADE considera que este pago, que «equivale a poner el contador a cero», debe suponer «además de la eliminación de la deuda comercial, la erradicación en el futuro de la inveterada práctica de pagar más allá del plazo legal». En su momento, Vigón instó a aprovechar esta oportunidad que supone el mecanismo extraordinario de pago porque «no será fácil que se repitan estas fórmulas para financiar el pago de la morosidad comercial». El presidente de la patronal animó, además, al Principado «a que lidere una transformación en la relación de pago de las administraciones con sus proveedores».
El Principado es la cuarta comunidad autónoma con menor volumen de deuda con los proveedores,. La Administración regional ha presentado más de 85.000 facturas anteriores al 31 de diciembre de 2011 con una cuantía de 259 millones.
