La Consejería de Presidencia y el Ministerio de Interior modificarán la implantación de la Unidad de Policía Adscrita (UPA), tras no alcanzar un pacto sobre la renovación del convenio, de modo que se articulará un acuerdo específico que garantizará únicamente la continuidad de la sección de inspección y control del juego.
La Consejería de Presidencia había propuesto realizar una aportación anual total de 400.000 euros para el funcionamiento de la Unidad de Policía Adscrita, incluida la sección del juego, y fijar una plantilla de funcionarios "acorde a las exigencias presupuestarias y las prestaciones necesarias", pero la Secretaría de Estado de Seguridad, en una carta fechada el pasado martes, ha rechazado esta oferta, según ha informado el Principado.
La Secretaría de Estado de Seguridad sí ha aceptado, en cambio, la suscripción de un convenio específico para que funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía sigan prestando el servicio de inspección y control del juego, una sección que está integrada actualmente por cinco agentes.
Tanto el Gobierno de Asturias como el Ministerio de Interior coinciden en la necesidad de realizar un repliegue ordenado de los miembros de la UPA que permita "resolver los problemas derivados de las peculiares situaciones jurídicas de sus integrantes".
Simultáneamente, se demandará del Ministerio del Interior que se garanticen las funciones de escolta de autoridades y vigilancia para el Palacio de Presidencia y el edificio de la Junta General del Principado, realizadas por miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, en concreto por Policía Nacional.
La UPA entró en servicio en 2008 con un total de 78 personas, incluidos los 8 funcionarios de la sección de juego.
La plantilla fue progresivamente reduciéndose, hasta los 43 efectivos actuales, 38 dedicados a vigilancia y 5 a la inspección del juego.
El Gobierno del Principado ha precisado que, desde el inicio de la actual legislatura, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, buscó con el Ministerio de Interior la renovación del convenio para que la UPA tuviese un marco jurídico adecuado a las necesidades presupuestarias y de servicio de la Administración del Principado.
"A esta carencia se suma que el anterior Gobierno autonómico paralizó, desde julio de 2011 a mayo de 2012, la negociación con el Ministerio de Interior", una "anomalía" que se solventó con la creación en 2012 de un grupo de trabajo para buscar soluciones, ha apuntado.
El Ejecutivo del Principado "defendió durante este proceso la continuidad de la UPA y la actualización del convenio de colaboración suscrito en 2005 por el Gobierno de Asturias y el Ejecutivo central".
