Tal día como ayer, 26 de enero, del año 2010, la gijonesa Azucena V. F. recibió una llamada de Marta Renedo en la que ésta trataba de que la cajera se despreocupase de un requerimiento de Hacienda que había recibido unas semanas antes para que explicase el origen de 134.000 euros ingresados en una cuenta de Bankinter a su nombre, y de la que la mujer no tenía conocimiento alguno. Las llamadas se sucedieron en días posteriores, incluso con ofrecimientos de compensación económica.

La cajera gijonesa decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía pocos días después, el 3 de febrero, y una semana después, el día 10, se incoaron diligencias previas en el Juzgado número 4 de Gijón para aclarar un lío que terminaría convirtiéndose en el "caso Marea".

Se cumplen, por tanto, cuatro años del inicio de una investigación sobre supuestas actividades corruptas en el seno de la Administración regional que tuvo uno de sus puntos culminantes el 24 de enero de 2011, hace por tanto tres años justos, con la detención del ex consejero socialista de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de Planificación María Jesús Otero, la ex jefa de sección de la que partió todo, Marta Renedo, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, de Igrafo y Almacenes Pumarín, respectivamente.

Un año vista

Son los cinco principales encausados de un caso que, cuatro años después, sigue bastante lejos de desembocar en un juicio. En una entrevista televisiva el presidente de la Audiencia Provincial, José Antonio Soto-Jove, reconoció que será muy difícil que el juicio comience durante este año 2014. Coincide con lo que ya señalaron algunos letrados cuando el juez del caso, Ángel Sorando, titular del Juzgado número 2 de Oviedo, dio por terminada la instrucción.

También ellos calcularon que, presumiblemente, el juicio no se iniciaría hasta principios de 2015. Y es que hace pocas semanas que se han remitido a la Audiencia los recursos presentados tanto contra el auto de procesamiento dictado por Sorando como contra el cierre de la instrucción, que, por otro lado, cogieron con el pie cambiado a más de uno, ya que se esperaba que la investigación continuase con nuevas declaraciones.

Corresponderá a la Audiencia recortar o en su caso incrementar la lista de los procesados, cuyo número asciende a diecisiete por el momento, contra el criterio de la Fiscalía, que considera que se ha mantenido la imputación respecto a personas que nada tienen que ver con el escándalo de contratos amañados cuando no directamente falsos, a través de los cuales se desviaron ingentes fondos del Principado. La respuesta a los recursos presentados podría demorarse meses, y ello no abriría sino la procelosa fase intermedia del proceso en la Audiencia, abierta a la presentación de nuevos recursos.

Pero las investigaciones están lejos de haber concluido. Ángel Sorando aún mantiene abierta la instrucción de una pieza separada del "caso Marea", bautizada jocosamente por los letrados como "Mareína", y que investiga los supuestos contratos ilegales del grupo La Productora, con varios ex altos cargos de Areces implicados. Hay "Marea" para rato.