Las cuentas claras. Esta es, en resumen, la exigencia de los familiares que han tenido y tienen a sus mayores en residencias públicas o concertadas y acogidos a la Ley de la Dependencia. El sistema, en principio, está claro, pero la realidad es que cuando llega la hora de abonar la estancia a nadie le salen los números. Y menos si el residente ha fallecido y la factura le llega a sus herederos. Unos aseguran que desconocían que acumulaban deuda, alegando que nadie les informó. Otros, que sí sabían que tendrían que pagar, pero no las enormes cuantías que se les reclama. Pero el nexo en común es que los números no salen.
El sistema de residencias públicas se puso en marcha en Asturias en la década de los años 90. Estaba pensado por aquel entonces para una importante cantidad de ciudadanos, sobre todo mujeres, que llegaban a la vejez después de haber trabajado toda su vida con una pensión exigua e incluso sin ella, y que carecían de recursos para tener las atenciones que por su estado físico o psíquico precisaban.
El modelo se puso en marcha con el denominado contrato de hospedaje, que consistía en abonar el precio de la plaza residencial y al que se acogían todos los usuarios hasta que entró en vigor el copago en el año 2011. Este nuevo sistema es el que corresponde a todos aquellos que tienen reconocido un grado de dependencia y que ofrece distintas fórmulas de abono de la estancia.
1. Los que carecen de pensión y patrimonio tienen derecho a la estancia y las atenciones sin coste. No pagan nada.
2. El usuario que tiene pensión pero no patrimonio paga su plaza con el 75% de la retribución, mientras que el 25% restante queda a su disposición para sus gastos personales.
3. El que tiene pensión y patrimonio también abona el 75% de su paga y le queda el 25% para sus gastos personales. Pero la diferencia con el caso anterior está en que se comprometen a abonar de manera diferida la diferencia entre lo que pagan todos los meses y el coste real de la plaza residencial.
Esa diferencia entre lo que se paga y la deuda que se acumula la afronta la Administración regional y cuando el residente fallece, ese dinero que el Principado ha adelantado se reclama contra su herencia.
El principio está claro. El problema está en la falta de información y la gestión.
La Ley de Dependencia entró en vigor en 2007, pero el decreto por el que se regulaba y aplicaba el copago no lo hizo hasta el año 2011. Durante ese periodo, las liquidaciones de las deudas se paralizaron porque no se sabía cómo actuar, según explicaron fuentes de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Pero no sólo eso. Los familiares denuncian que no recibieron información alguna sobre lo que estaba ocurriendo.
Cuando se despejó la formulación del copago e iba a entrar en vigor, el Principado, a través de Establecimientos Residenciales de Ancianos de Asturias (ERA), notificó a los residentes y a sus familiares la posibilidad de elegir entre continuar con el contrato de hospedaje o acogerse a la fórmula del copago en el caso de que el residente tuviera reconocido algún grado de dependencia. En caso de no contestar, la Administración actuaría de oficio y aplicaría el sistema más beneficioso para el usuario. Muchos herederos aseguran que no recibieron dicha comunicación y que nadie les informó.
A mediados del año pasado empezaron a llegar las liquidaciones, para que los herederos de los fallecidos abonasen la diferencia entre lo que habían pagado durante su estancia en la residencia y el coste real de la plaza. Las cuantías se dispararon, superando en algunos casos los 70.000 euros y muchos correspondientes a personas que hacía casi cuatro años que habían fallecido, es decir, rozando el límite del periodo de prescripción.
Aceptar una herencia conlleva aceptar las deudas. Así que muchas familias se encuentran ahora con la obligación de abonar ese dinero, en periodo voluntario -y con facilidades- o bien por vía ejecutiva, interviniendo Hacienda.
A la falta de información y errores de gestión se suma otro aspecto. ¿Qué ventajas tiene la ley de dependencia? Las familias plantean que si el precio público de la plaza es de 1.200 euros y con la ley de dependencia el usuario paga como mucho el 90%, ¿por qué se liquida sobre los 1.200 euros? De ahí que se acuse al Principado de falta de transparencia en las cuentas.
La Consejería de Servicios y Derechos Sociales ha paralizado las liquidaciones para revisar los expedientes y ver si se ha aplicado correctamente la Ley de Dependencia y si se han hecho bien las cuentas. Mientras tanto, los afectados se han organizado y ya son numerosas las demandas presentadas.
El Principado calcula que a lo largo del mes de mayo se dará una solución. Pero mientras tanto, sigue acumulando más demandas.
