El Gobierno de Mieres anunció ayer, en sesión plenaria, que el lunes iniciará una nueva negociación con los sindicatos para intentar adaptar a la legalidad el convenio laboral firmado a finales de mayo, y al que los técnicos municipales de rango estatal han puesto reparos. A la espera de que se retome la negociación con los sindicatos, el PP acusó ayer a los gestores de IU de estar "aplicando ilegalmente" apartados del convenio que lleva seis meses bloqueado. Así lo afirmó el portavoz de los populares, José Manuel Rodríguez, quien adelantó la intención de su partido de no participar en las venideras reuniones de la mesa negociadora: "El gobierno local deberá arreglar lo que firmó a sabiendas de que no era legal", remarcó.

El equipo de Aníbal Vázquez mantuvo ayer su firme postura de no tramitar el convenio tal y como quedó cerrado y sellado hace ya seis meses. "Los técnicos han puesto una serie de objeciones que deben ser subsanadas", señaló el regidor. La parte afectada, los trabajadores, también fijo ayer posición. El comité de empresa convocó una asamblea para explicar los motivos por los que el miércoles decidieron abandonar el encierro que protagonizaron durante 24 días en el Ayuntamiento de Mieres. A la espera de la reunión del lunes, los sindicatos son partidarios de apostar por el documento pactado la pasada primavera: "Entendemos que lo más correcto sería que fuera la Abogacía del Estado la que contrastara la legalidad del convenio", señaló ayer Fabián Álvarez, presidente del comité de empresa. Los representantes sindicales consideran que IU está actuando con demasiado celo: "Todos los convenios del Ayuntamiento se han aprobado con reparos de los técnicos", subrayó Fabián Álvarez. Las centrales están a la espera de que el gobierno local fije una línea de trabajo en la reunión del lunes. Ahora bien, los trabajadores son partidarios de tramitar el acuerdo según está. "Lo lógico es seguir con su tramitación y esperar el dictamen de la Delegación del Gobierno, que nunca ha puesto pegas a los acuerdos municipales", apuntó Fabián Álvarez. Los sindicatos subrayan que los días de descanso que incluye el convenio son compensaciones por "reducciones salariales". Es más, remarcan que, en algunos casos, han cambiando un día de descanso por 600 euros de salario: "En el anterior convenio se recogía un pago mensual de 50 euros por la turnicidad, un complemento que se ha sustituido por un día de descanso al año", remarcó Álvarez.

Los delegados sindicales de UGT, CC OO y CSI abandonaron el miércoles el encierro una vez que el gobierno local accedió a cambiar el texto de la circular trasladada a todos los trabajadores advirtiéndoles de que pueden ser expedientados si se aprecian incumplimientos de sus funciones a través de las imágenes grabadas con las videocámaras del Ayuntamiento. Era el último fleco que quedaba por resolver. El portavoz socialista, Armando Fernández Natal, preguntó ayer al gobierno local si se ha planteado retirar las citadas 14 cámaras de vigilancia que el Consistorio tiene activadas en diferentes instalaciones municipales. El vicealcalde, Manuel Ángel Álvarez, respondió que estos equipos seguirán funcionando con normalidad. Natal, aclarado este punto, pidió información sobre si algún trabajador ha sido expedientado tras visionar la imágenes y si éstas han servido para esclarecer algún tipo de delito. El gobierno local explicó que ningún trabajador ha sido expedientado y que las cámaras permitieron identificar al autor de un robo en la nave municipal de Vega de Arriba.