Langreo / Mieres, L. M. D.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado una pena de nueve meses de prisión y una multa de 2.700 euros para cada uno de los dos acusados de un presunto delito de desórdenes públicos y de un delito de daños cuando formaban parte de un piquete en la carretera Oviedo-Mieres (AS-630), a la altura de El Caleyo, durante las huelgas mineras que se produjeron en el año 2010.

Según explica en su escrito de acusación la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 30 de septiembre de 2010. El ministerio público afirma que, sobre las seis de la tarde de ese día, «varias personas, entre las que se encontraban los acusados», que responden a las iniciales J. A. R. R. y J. A. P. F., «miembros de piquetes del sector minero, con el ánimo de alterar la pacífica convivencia ciudadana, colocaron una barrera con neumáticos, a los que habían prendido fuego», en el punto kilométrico 35 de la carretera AS-630. Un tramo que coincide justo con «la salida de la autopista A-66 (Oviedo-Campomanes». Según la Fiscalía, esta barricada colocada por los huelguistas «obstaculizó la libre circulación de vehículos y ocasionó desperfectos en la vía», unos daños que la fiscalía valora en 525,04 euros.

De esta forma, el ministerio público considera que la participación de los dos acusados en el piquete durante la protesta minera, un día después de la huelga general de 2010, es constitutiva de «un delito de desórdenes públicos», del artículo 557.1 del Código Penal, y «un delito de daños» del artículo 263.1. Por este motivo solicita tanto para J. A. P. F. como para J. A. R. R. «nueve meses de prisión y pago de una multa de 2.700 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago». Además, la Fiscalía también exige que «ambos acusados abonen, de forma conjunta y solidaria, una indemnización al servicio de Conservación y Explotación de la Demarcación de Carreteras del Estado» por valor de 525,04 euros, por los desperfectos causados con el piquete y el fuego en la vía.

El juicio, que tendrá lugar el próximo 30 de mayo en el Juzgado de lo Penal número cuatro de Oviedo, llega en el momento en el que se está planteando la posibilidad de retomar las movilizaciones para tratar de salvar la actividad minera en España. En el año 2010, cuando se produjeron los disturbios que se pretenden juzgar la próxima semana, las protestas se llevaron a cabo porque el Gobierno central no acababa de poner en marcha el denominado Real Decreto de restricciones por garantía de suministro en la producción de energía eléctrica, que sigue en vigor, y que promueve la utilización de carbón español en las centrales térmicas. En aquel momento, la falta de uso del mineral autóctono llegó a generar un stock del producción tan grande que puso contra las cuerdas a las empresas del sector minero. Se llevaron a cabo diversos ajustes de empleo que acabaron derivando en importantes protestas, tanto en la minería pública como privada.