Madrid, M. P.

El Partido Popular se apoyó ayer en su mayoría absoluta para impedir, en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, la comparencia «urgente» del Ministro de Industria, José Manuel Soria, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, para «informar sobre la situación actual del sector de la minería del carbón y perspectivas del nuevo Plan de la Minería del Carbón (2013-2018) tal y como exigían los grupos socialista, izquierda plural y vasco.

El portavoz popular en la Comisión de Industria, el asturiano Ovidio Sánchez, atacó con dureza al PSOE, al defender la postura de su grupo de impedir la comparecencia, a quien acusó de ser «el verdadero enemigo» del carbón español cuando «firmó la sentencia de muerte del mismo al aprobar en Europa el nuevo reglamento que ponía la fecha de cierre en 2018 a todas las minas españolas». Ahora, el PP y el Gobierno, dijo, «buscamos la fórmula para que las empresas competitivas puedan ir más allá de esa fecha». El que fuera Presidente del PP en la región finalizó su intervención asegurando que «el carbón tiene vida para muchos años, pero la va a tener gracias a que gobierna el Partido Popular».

La socialista María Luisa Carcedo exigió al Gobierno «certezas» sobre el carbón y acusó al Ministro de Industria de que su «palabra, cuando se refiere al carbón, vale muy poco». Criticó al Ejecutivo por su «falta de compromiso con el carbón nacional» y por no haber pagado aún a las empresas mineras los 111 millones de ayudas del 2012. Para finalizar, la diputada asturiana preguntó en voz alta al Ministro de Industria: «¿Qué le pasa a usted con el carbón nacional? ¿Qué problema tiene usted con el carbón nacional? ¿Por qué quiere llevar a las comarcas mineras a la marginación y a la pobreza?».

Gaspar Llamazares, por su parte, afirmó que la actitud del Gobierno con el carbón español ha «situado a la minería española en un desbarajuste en el que se ha perdido en un año el 25% del empleo minero». El diputado de IU considera «muy grave» que por culpa de la actuación del Gobierno «las empresas mineras estén rompiendo los convenios para volver a modos laborales del siglo XIX proponiendo bajadas de sueldo del 50% y jornadas laborales esclavistas».

Llamazares también criticó al ejecutivo por no haber pagado las ayudas a las empresas del 2012, ni haber prorrogado el real decreto de restricciones por garantía de suministro ni haber negociado un nuevo Plan minero. «El objetivo del Gobierno es claro», finalizó, «recortar y recortar para sacrificar al sector minero y ofrecerlo como moneda de cambio en la Unión Europea y romperles el espinazo a los sindicatos mineros rompiendo el esquema de negociación».