Andrés VELASCO
El grupo Alonso presentará el concurso voluntario de acreedores la próxima semana, un mes antes de lo previsto, en una medida de urgencia con la que el empresario leonés intenta salvar la compañía ante el negro futuro al que se enfrenta tras rechazar el Gobierno concederles las ayudas a la producción de 2012. El mayor grupo privado minero del país ya está inmerso en un preconcurso y tenía como fecha tope el 7 de julio para entrar irremediablemente en lo que antes se conocía como «suspensión de pagos». La decisión adoptada ahora responde a las nulas perspectivas de poder hacer frente a la deuda que acumula de unos 110 millones de euros.
El concurso de acreedores que se presentará la próxima semana no tendrá ningún efecto en la actividad de las compañías durante su proceso, más allá de que las condiciones de los expedientes de regulación de empleo que Alonso ha presentado recientemente habrán de negociarse con los administradores judiciales, si no se llega antes a un acuerdo con los sindicatos.
Los abogados del grupo Alonso tienen preparados más de cinco mil folios que entregarán la próxima semana en el juzgado de lo Mercantil de Madrid, ciudad donde al sociedad tiene su sede. Una vez presentado el concurso, el juez nombrará en un plazo de entre dos semanas y dos meses a los administradores, que serán los encargados de tutelar las empresas durante todo el proceso. Eso sí, al ser voluntario, la dirección del grupo mantendrá su función ejecutiva, si bien las decisiones serán tomadas por los administradores judiciales. Para evitar la liquidación, el grupo Alonso deberá llegar a acuerdos con más del cincuenta por ciento de los acreedores.
La deuda que acumulan a día de hoy las empresas del grupo Alonso -Uminsa y Coto Minero Cantábrico, con explotaciones en león y Asturias- es de casi 110 millones de euros. Coto Minero Cantábrico tiene un pasivo de 50,7 millones de euros y Unión Minera del Norte (Uminsa) de 58,7 millones.
Es precisamente esa cantidad, 110 millones de euros, el montante de ayudas que le correspondían al grupo Alonso en el año 2012 según el plan enviado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a Bruselas cuando se firmó el programa de cierre a 2018. Sin embargo, el tijeretazo del Gobierno de Rajoy sobre la hoja de ruta dejaba las ayudas del grupo Alonso para el pasado ejercicio en 50 millones de euros. Una cantidad que tampoco ha cobrado, ya que el Ejecutivo popular ha denegado la concesión de las subvenciones por las deudas que acumula el grupo con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda.
Hace apenas una semana, el grupo Alonso recurría en el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de no conceder las subvenciones por tener las dos empresas mineras de Alonso deudas con la Seguridad Social y con Hacienda. Eso sí, ese recurso suponía la apertura de un largo proceso ya que los servicios jurídicos del grupo Alonso calculan que no se resolverá antes de año y medio. Con estos plazos de tiempo, la sentencia, fuese en el sentido que fuese, podría llegar con las minas de Uminsa y Coto Minero Cantábrico cerradas.
