Me decía recientemente un miembro del Gobierno que en la gestión de la crisis nos estaba fallando Europa. Cosa mala cuando hemos construido todo un discurso de gestión con la idea de que «a más crisis, más Europa».

La salud de los bancos constituye una prioridad absoluta para la Unión Europea. Tanto porque son los bancos los que mayoritariamente compran la deuda soberana emitida por los estados como porque de ellos debe salir el crédito necesario para que la economía privada arranque.

Por eso Rajoy, Montoro y Luis de Guindos apostaron fuertemente a la carta de la unión bancaria. Hagamos memoria.

El Consejo Europeo del 28 de junio acordó profundizar en la unión económica y monetaria y la moneda única a través de acciones en el campo financiero, presupuestario, fiscal y político.

Los jefes de Gobierno acordaron construir un área financiera común que asumiera los costes de reestructurar los bancos problemáticos en la zona euro. Para ello establecerá una autoridad supervisora común de la actividad bancaria. Ella concedería al Banco Central Europeo dos competencias cruciales: recapitalizar bancos en pérdidas y disolver aquellos que fueran inviables.

Y sobre todo esta unión bancaria permitirá al Banco Central Europeo prestar dinero proveniente del mecanismo europeo de estabilidad (el fondo de rescate). Ése es el origen de los 100.000 millones de euros que España obtuvo como línea de crédito para sanear sus bancos.

Por razones de transparencia y fiabilidad, España sometió su sistema financiero a un nuevo examen realizado por Wyman y que demostró que, aparte de Bankia y, en menor medida, las otras cajas nacionalizadas, la fortaleza de nuestros bancos es mejor de lo esperado y que la recapitalización externa no superará los 40.000 millones.

Sin embargo, la unión bancaria ha encallado en Bruselas. La resistencia de Alemania, Finlandia y Holanda atrasa el establecimiento del supervisor único y aleja el momento de beneficiarnos de esa línea de crédito tan duramente negociada por el Gobierno.

¿Motivos? Alemania tiene 1.885 bancos y cajas, más de un tercio del total de la UE, frente a las 326 españolas. Los alemanes no quieren que un supervisor europeo fiscalice la salud financiera de las mismas, que tal vez esconda sorpresas desagradables. No es bueno que Alemania utilice tan frecuentemente la ley del embudo para incumplir lo firmado y perjudicar a España, un socio leal y fiable.