Manuel Arbesú González, agente de la Guardia Civil indultado por el Gobierno tras ser condenado por no evitar una agresión sexual en un tren, no será expulsado del cuerpo. Según la Unión General de Guardias Civiles (UGC), parece que el asunto finalmente se saldará con una suspensión de empleo y sueldo de entre tres y seis meses.
El secretario general de UGC, Ramón Rodríguez Prendes, afirmó ayer en rueda de prensa en Oviedo que la "politización" del caso del guardia civil, al que se le condenó y posteriormente se le conmutó la pena, ha provocado el "escarnio público que está sufriendo el agente". Además, puso en duda que el asunto hubiera transcendido a los medios de comunicación si el padre del agente no fuera concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Lena y subrayó que le "parece repugnante" cómo se ha tratado esta polémica.
El "Boletín Oficial del Estado" (BOE) publicó hace días un real decreto por el que se indultaba al agente, condenado en febrero del año pasado por la Audiencia Provincial de Asturias por un delito de omisión del deber de perseguir cualquier delito.
El abogado de UGC, Juan del Sol, ha señalado que a Arbesú le perjudicó que la persona que iba con en él en el tren aceptara la pena con la intención de evitar una mayor. Esta situación, subrayó, motivó que, "automáticamente", el agente fuera juzgado por un delito de omisión del deber en vez de uno de falta. El letrado apuntó que el agente estaba de vacaciones y que fue él quien paró a su amigo para que no siguiera molestando a la mujer. Además, subrayó que en las imágenes "no se ve que se produjeran tocamientos, aunque su acompañante asumiera después que los hubo".
Prendes aseguró que, tras las reuniones que ha mantenido con el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, sobre este asunto, no cree que el expediente que se le ha abierto dentro del cuerpo provoque su expulsión del mismo.
