El peso creciente que el empleo temporal ha adquirido en las plantillas asturianas de las administraciones camina peligrosamente hacia el tercio. Casi uno de cada tres asalariados del sector público, un 32,8 por ciento, ejerce ya en la región con contratos no indefinidos, un promedio que supera en más de dos puntos la media del país, que ha crecido en casi cuatro desde antes de la pandemia y que traduce una cifra global de 28.500 trabajadores, el techo de la serie histórica. Ese es el nivel que ha adquirido la temporalidad en Asturias si se hace caso a la última actualización de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al segundo trimestre de este año. Esos los efectos numéricos de una preferencia por la temporalidad que los poderes públicos han abrazado masivamente primero a raíz de la crisis de 2008 y más recientemente, ahora, para apuntalar con refuerzos de personal los servicios más debilitados por la pandemia.
Esta hinchazón se ha sumado a la que Asturias y el resto de España arrastraban desde aquella otra crisis de 2008, cuando las administraciones respondieron a las estrictas tasas de reposición y a la exigencia de contención del gasto en personal haciendo uso masivo del contrato temporal. Los números salen disparados de la suma de aquel problema, agravado por el paso del tiempo, con esta súbita necesidad de un suplemento repentino para reparar los rotos del covid, sobre todo en sanidad y educación.
Los 28.500 trabajadores públicos temporales que la EPA asigna a Asturias, y que abarcan todas las administraciones, casi duplican los que la misma fuente le atribuía en los albores de la crisis anterior, en 2009. Son también 5.800 personas más desde antes de la pandemia y trasladados al porcentaje respecto al total del empleo público mantienen la tendencia de Asturias a elevarse por encima de la media nacional de temporalidad.
El promedio en el conjunto del país se queda en el 30,6 por ciento y el 32,8 de Asturias marca el punto más alto de la serie desde el tercer trimestre de 2014, pero a esto también hay quien gana: hasta siete comunidades autónomas han alcanzado un promedio superior al asturiano y el Principado está lejos del 41 por ciento que hace líder al País Vasco, pero también del 25,9 que tiene al fondo de la clasificación a la Comunidad de Madrid.
Son, en todo caso, volúmenes que serían impensables en la empresa privada y que el propio Principado considera inasumibles. En su ámbito administrativo autonómico, los responsables de la función pública asturiana repiten el propósito ambicioso de terminar este año con el porcentaje de interinos reducido al ocho por ciento. El punto de partida está mucho más arriba: la de interinos es una cifra controvertida y poco explicitada, pero el Gobierno regional ya reconocía un 24 por ciento antes de la pandemia, en septiembre de 2019.
Las nuevas estabilizaciones de interinos pararán hasta que haya ley
El Principado prevé, siguiendo el ejemplo de la Administración estatal, no convocar procesos hasta clarificar los criterios
Los procesos de estabilización de interinos que no hayan sido convocados oficialmente tendrán que esperar. El Gobierno del Principado prevé paralizar las convocatorias hasta que se clarifiquen los criterios del proyecto de ley con el que el Ejecutivo estatal abordará la anunciada reducción de la temporalidad en el empleo público. Ante las dudas que han crecido alrededor del proyecto legislativo del Gobierno y en torno a los compromisos que el PSOE tuvo que adquirir para garantizar el voto favorable de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, el Principado prefiere aguardar acontecimientos antes de lanzar los nuevos procesos selectivos anunciados en su ámbito autonómico.
El Principado ya había anunciado su intención de no aplicar las condiciones pactadas con ERC –por ejemplo, la adjudicación del puesto por oposición a los interinos que lleven al menos diez años en una plaza que nunca haya salido a convocatoria pública– hasta que estuvieran plasmadas en la ley, algo que sucederá en octubre si se cumplen los plazos comprometidos. Ahora, siguiendo el ejemplo de la Administración General del Estado, y según ha confirmado el sindicato CSIF, renunciará de convocar nuevos concursos con el fin de evitar la generación de posibles agravios cuando el nuevo texto legislativo esté al fin en vigor.
