Condenan al Principado a pagar los daños de un argayo en una casa
El desprendimiento registrado en Candás en 2020 obligó al desalojo de la vivienda
A. G.-O.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha condenado al Principado a indemnizar a una familia de Candás por los daños que un desprendimiento provocó en su vivienda en diciembre de 2020. En concreto, el Gobierno regional, a través de su aseguradora, deberá pagar a los afectados un total de 100.891 euros, cantidad que se actualizará conforme establece el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La sentencia recoge que el 9 de diciembre de 2020 aparecieron en la carretera que discurre frente a la vivienda varias grietas que "atravesaban todo el pavimento". El hecho fue constatado por los agentes de la Policía Local y llevó al Ayuntamiento a solicitar a la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial, tan solo nueve días después, que se llevase a cabo la reparación de los desperfectos. El problema surgió el día 29, cuando se produjo un levantamiento del firme que alcanzó el muro de la edificación y que se agravó tras una fuerte precipitación de agua y granizo. "A las 21.30 horas se produjo una rotura del terreno, provocando una colada de agua, barro y piedras, con caída de un árbol y de un poste de alumbrado público, afectando a la entrada de la vivienda", detalla el fallo.
A consecuencia de estos hechos, la Policía cortó la carretera y, un día después, se procedió a desalojar la vivienda ante el riesgo que existía.
Los afectados formularon reclamación patrimonial ante la Administración por lo sucedido un año después, pero esta fue inadmitida, al considerarse que "la causa de los daños se sitúa en el desprendimiento de una parcela de titularidad privada situada en el margen izquierda de la carretera".
La sentencia del TSJA desestima esta posición al considerar que el talud de mampostería que se había hecho en su día al construir la carretera era "insuficiente", teniendo en cuenta la composición del terreno. Además, también achaca a la Administración cierta "pasividad", ya que "ante las primeras manifestaciones de grietas en la calzada y la existencia de hundimientos en el terreno en la parte alta de la misma, de un año de evolución", no se realizaron análisis ni estudios técnicos para determinar su origen.
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