Julio VIVAS
El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara abogó ayer en Langreo por el inicio de un proceso de nacionalización de la minería privada, así como por la reapertura de los pozos mineros, ante el nuevo marco energético mundial con el objetivo de «garantizar el futuro de un sector al que se le pretende exigir de manera inmediata que establezca planes de cierre». Cayo Lara, que se encontraba visitando el pozo Samuño junto al coordinador de IU en Asturias, Jesús Iglesias, también exigió el establecimiento de un plan energético nacional «que contemple la producción del carbón como un sector estratégico de la economía española».
Previamente a la visita a Langreo, los líderes de IU habían mantenido un encuentro con el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, quien les había manifestado la aspiración de que el carbón obtuviese una participación de entre el 20 y el 30 por ciento dentro del mix energético del país. Una aspiración que, según Jesús Iglesias, «se conseguiría con la nacionalización de la minería privada, que permitiría que existiese un único interlocutor minero que defendiese el futuro del carbón e hiciese las gestiones necesarias para mantener el carácter estratégico del sector». Junto a esta propuesta, Iglesias remarcó la necesidad de «abrir el debate sobre la posibilidad de volver a abrir algunos de los pozos que se cerraron».
Los objetivos marcados por Izquierda Unida tienen como inicio la revocación del actual reglamento europeo del carbón, que marca el 2018 como fecha de cierre para aquellos pozos que necesiten ayudas públicas. Cayo Lara se comprometió a defender esa revocación ante el parlamento nacional «para que el Gobierno central inste a la Unión Europea a modificar su decisión sobre el futuro de la minería».
La coalición de izquierdas afirma tener argumentos «más que suficientes» para obligar a la UE a cambiar sus planes para carbón. Así, Cayo Lara habló sobre el avanzado desarrollo de la tecnologías que permite la captación de CO2 y, consecuentemente, una combustión limpia del carbón. Otra de las razones, tal y como aclaró el coordinador de IU, es el «bajo coste» de las ayudas a la producción, que se enmarcan en una horquilla de entre 350 y 400 millones de euros anuales, «una subvención muy razonable, teniendo en cuenta el número de trabajadores que tiene la minería en España, y que se encuentra muy por debajo de la que reciben otras energías en el país».
El responsable nacional de la coalición de izquierdas también quiso dejar claro que el sector del carbón «es compatible con el mantenimiento del Medio Ambiente al profundizar en la investigación e inversión pública en captación de CO2». Con ello, destacó Cayo Lara, «se despejarán dudas entre aquellos que, dentro y fuera de nuestro partido, están preocupados por los temas medioambientales y se muestran como enemigos de la combustión del carbón». Por contra, el coordinador de IU exigió que, dentro del plan energético nacional, «se contemple el cierre paulatino de las centrales nucleares y se tome una alternativa a través de las renovables y el carbón».
