Madrid, Modem Press

Los rectores energéticos del Ministerio de Industria, la patronal minera, Carbunión y los sindicatos FITAG-UGT y la Federación de Industria de Comisiones Obreras analizarán hoy, en Madrid, el grado de aplicación del real decreto de ayudas a la producción eléctrica con carbón nacional. Lo harán cuando están a punto de cumplirse cuatro meses desde su entrada en vigor y harán igualmente una evaluación sobre el Plan del Carbón 2006-2012. La creación de ambos grupos de trabajo se acordó el pasado 10 de mayo en la última reunión de la comisión de seguimiento del plan minero.

En aquel encuentro, tanto desde las organizaciones sindicales como desde la patronal, se exigió al secretario de Estado de Energía, Fabricio Hernández, la aplicación estricta del real decreto de ayudas, ya que hasta entonces su funcionamiento estaba siendo muy limitado y apenas se había consumido, en dos meses y medio, el 60% del carbón pactado. Industria se comprometió a adoptar medidas y lo cierto es que en la segunda quincena de mayo se produjo un repunte en la programación de las diez centrales que queman carbón nacional hasta elevar el consumo de mineral al 75% del previsto. La tónica, con una ligera bajada en las cantidades, se ha venido manteniendo en este mes de junio, pero aún no se alcanza el nivel fijado por la norma.

Así, el secretario de Industrias Extractivas de la FI de CC OO, Juan Carlos Álvarez Liébana, explicaba ayer que «exigiremos a Industria que se consuman las cantidades de carbón previstas, cosa que aún no está sucediendo, e incluso que se programe en lo que queda de año por encima de esas cantidades porque tenemos que recuperar el tiempo perdido durante todos estos meses para que a final de año nos acerquemos a lo que se acordó en su día».

Además, Industria y las organizaciones sociales comenzarán el análisis del Plan 2006-2012 con el fin de ir desbrozando el camino para una posible negociación de una nueva hoja de ruta para el sector, como pretende llevar a cabo el Gobierno antes del final de la presente legislatura. «Lo primero que tenemos que exigir, y es algo totalmente irrenunciable, es que se cumpla el plan actual. Quedan aún dieciocho meses para su finalización y el Gobierno tiene que intensificar su aplicación para que lo que firmamos en su día, en marzo del año 2006, se cumpla», afirmó Álvarez Liébana.

El sindicalista dejó claro que «este es el primer paso y luego ya se hablará del nuevo plan. Una negociación del nuevo plan para la que, de cualquier manera, debe de quedar claro sobre qué bases se sustentará. No es lo mismo negociar un plan con un horizonte puesto más allá del 2018 o si se trata de un plan de cierre en esa fecha como marca la reglamentación comunitaria aprobada en diciembre». Por ello, aseveró Liébana, «creemos que los esfuerzos del Gobierno, como los que hagamos las organizaciones sindicales, deben de centrarse ahora, tanto en Bruselas como con contactos bilaterales con otros estados miembros, en mover todos los resortes posibles para modificar el acuerdo que la Unión Europea adoptó el pasado diez de diciembre y que supone el cierre del sector en el año 2018, algo que nosotros venimos advirtiendo y denunciando desde hace muchos meses, y a lo que nos oponemos con total rotundidad».