Ensanche urbano con realojo estrecho: cuando te pagan 52 euros el metro cuadrado y al otro lado de la acera pagan 6.000

Familias expropiadas de la Mayacina aún sufren los perniciosos efectos tras una tasación muy por debajo del mercado de hace dos décadas

Terrenos del Vasco, antes de la expropiación.

Terrenos del Vasco, antes de la expropiación. / D. M.,

D. M.,

La expansión urbana de Mieres se vertebró a mediados del pasado siglo en torno a los barrios periféricos de San Pedro, Santa Marina y Vega de Arriba. En los 80, la ciudad desterró el trazado ferroviario que la partía por la mitad, liberando más de diez hectáreas en pleno corazón del entramado vial ocupadas por viviendas unifamiliares, pequeñas naves empresariales y descuidados huerto. Se puso en marcha el plan urbano del Vasco-Mayacina, un ensanche que tardó tres décadas en fraguase. Para dar paso al actual barrio, hubo que desalojar a unas 40 familias. Se les pagó 52 euros el metro cuadrado. "Fue un expolio", aseguran. Una docena de estos antiguos propietarios compraron pisos de realojo que se construyeron en 2005. Pagaron unos 50.000 euros de media, en muchos casos más de lo que recibieron por las indemnizaciones. Ahora, la entidad pública Vipasa les piden una derrama que podría superar los 6.000 euros para arreglar daños estructurales presentes desde que se entregaron las llaves. Estos mierenses se sienten "estafados". Han sufrido una ruina donde la mayoría han hecho negocio. El sector del inmobiliario no ha dejado de castigarles con evidentes agravios comparativos.

"Teníamos nuestras casas, con terrenos y cocheras en pleno centro de Mieres y nos obligaron a realojarnos en unas viviendas que desde el primer día sufren de humedades", señalan los vecinos del antiguo barrio que ahora se niegan a pagar a Vipasa el arreglo de los inmuebles de realojo situados en la calle Salvador Allende. Se sienten maltratados por las administraciones. Un sentimiento que brota del mismo proceso de expropiación. El expediente que aprobó la CUOTA para la Mayacina afectó a una superficie de 49.917 metros cuadrados, en los que se incluyeron suelo libre, edificaciones de uso residencial, almacenes y naves industriales. Echar a 40 familias de sus propiedades en pleno centro de Mieres costó poco más de 2,5 millones de euros. Si unos años antes hubieran permutado sus propiedades por otras más periféricas hubieran salido ganando notablemente. Ni se lo imaginaron.

La comparación

En el entorno de la plaza de abastos, a unos 500 metros de la Mayacina, se pagaron por esas fechas 6.000 euros el metro cuadrado por el solar de un viejo edificio. Es decir, el valor de esta propiedad, casi vecina, fue 115 veces superior. La comparación con el citado caso no es ni mucho menos un hecho aislado. En el sur de la ciudad, en las proximidades del nuevo centro de salud, más lejos del centro, se puso a la venta tras la expropiación un solar de unos 120 metros cuadrados por el que se piden 480.000 euros.

Durante el trámite de información pública, los propietarios presentaron en total 105 alegaciones relacionadas con titularidades, mediciones y criterios de valoración, sobre todo de suelo. No sirvieron de nada. La Mayacina también sale perdiendo al compararla con otros planes públicos. Los 52 euros que se pagaron por el metro cuadrado de estos céntricos terrenos no soportan ningún tipo de comparación con los precios estipulados poco después en Oñón, una zona menos céntrica pero que debido a los designios de la ley del Suelo fue valorada a un precio de 229 euros. De haberse aplicado este mismo baremo en la Mayacina, las expropiaciones llevadas a cabo en el viejo barrio hubieran tenido un coste aproximado de 11,5 millones de euros, casi 9 más de lo que se pagó a los afectados.

El boom de la construcción apenas se notó en Mieres, pero la ciudad es un buen ejemplo de que terrenos urbanos con bastantes similitudes pueden ser tasados con unas diferencias de valoración desconcertantes. El Ayuntamiento de Mieres pagó en 2014 al grupo Goncesco tres millones de euros por la expropiación forzosa de tres fincas que fueron recalificadas hace treinta años. El Jurado Provincial de Expropiación estableció una indemnización de 1,4 millones, a parte de los intereses. Fijó el precio del suelo en 666 euros por metro cuadrado.

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