¿Qué son los planes de pensiones de empleo?

En varios artículos publicados en este periódico sobre la reforma de las pensiones acordada por la patronal, el Gobierno y los sindicatos de UGT y CC OO afirmaba que la ley importante era la referida a los planes de pensiones de Eempleo de los que, paradójicamente, nadie habla, al margen, de otras lindezas que comenzarán a partir de ahora, una vez conformado el nuevo Gobierno. Unos planes de pensiones que no encubren sino la privatización directa del sistema público.

Como también indicaba en los artículos aludidos, las pensiones no son más que salarios diferidos de los trabajadores, los cuales se perciben a partir del cese de la actividad laboral: estas son las pensiones, y no lo que se nos pretende "vender" como un regalo de Estado.

Pues bien, estas pensiones pueden ser públicas, privadas o mixtas, y lo primero que quiero dejar muy claro, es que los llamados planes de pensiones de empleo (PPE) son una modalidad de pensión privada, ya que, aunque son promovidos por el Estado, de público solo tienen eso, la promoción, pues su gestión y funcionamiento, a todos los efectos, tiene carácter privado. Si consideramos quienes están detrás de estos fondos –la gran banca–, todo se entenderá mucho mejor, ¿verdad?

Pero, lo más grave y preocupante es que los llamados sindicatos mayoritarios y de clase –entre UGT y CC OO apenas llegan al 8,5% de afiliación del total de la población laboral en España– forman parte del gran negocio de la privatización del sistema público de pensiones.

En efecto, Comisiones Obreras y UGT figuran entre los grandes beneficiados de la reforma de las pensiones públicas y del creciente negocio que se abre para las privadas. Todo ello porque los dos sindicatos son accionistas de referencia de las gestoras de pensiones del BBVA y de Fonditel (Telefónica), líderes del mercado en España, y como todo accionista de una compañía, los sindicatos son regados cada año con un jugoso dividendo, pago que, además, es más elevado cuanto mejor vaya el negocio de las pensiones privadas; y éste irá mejor, se prevé, conforme vayan mermando las públicas, por la creciente necesidad que van a tener los ciudadanos de compensar los menguantes ingresos procedentes de la Seguridad Social con ahorro privado. Justo lo que tantas veces ellos mismos han criticado.

A los sindicatos les corresponde el 30% del dividendo de Fonditel, ya que cada uno de ellos posee un 15% de la gestora, lo que supone unas ganancias anuales en torno a los 7 millones de euros, alcanzando los 10 millones anuales en la Gestión de Previsión y Pensiones S.A., del BBVA, donde participan, cada uno de ellos, con el 20% del accionariado.

Es verdad que los planes de empresa o empleo ya existían, pero no es menos cierto que la nueva ley introduce la implicación directa de la Administración en su promoción, si bien, como ha quedado dicho, eso será lo único público, pues la gestión será toda ella privada. Grosso modo, los rasgos de los mismos ha quedado como sigue:

–Creación desde lo público de un fondo de pensiones privadas gestionado por el sector privado.

–Impulso de tales pensiones mediante la negociación colectiva.

–Reducción, en principio, de los costes de gestión, para que puedan parecer que sean rentables, aunque, al final, no lo sean.

–Concesión de nuevos incentivos fiscales a los PPE, vía desgravaciones fiscales, al objeto de estimular la extensión de los mismos.

Además, estos planes de empleo son menos importantes que los individuales porque se contratan en centros de trabajo, principalmente en las grandes empresas y alguna administración pública. Es decir, tanto los autónomos como la pequeña y mediana empresa –en su gran mayoría contratas de subcontratas–, que suponen la inmensa mayoría del tejido productivo no dedican el dinero a estos menesteres.

Dicho en román paladino: ya que los planes de pensiones individuales han resultado ser un fracaso, impulsemos los de empleo, que son los que nos dejan mayores márgenes de crecimiento y beneficios. De esa manera, desde el Gobierno de España le echamos un mano a nuestros "amos" de la banca para que el conjunto de las pensiones privadas siga creciendo en nuestro país. Es decir, el Gobierno dizque progresista le entrega en bandeja a los entes financieros una parte muy importante del ahorro colectivo generado por los trabajadores españoles: en torno a los 300.000 millones de euros, una cifra que representa más de la cuarta parte del PIB y que, entre otras cuestiones –la más grave de todas– sirve para condenar a la inmensa mayoría de los "futuros pensionistas sin el derecho a una pensión adecuada y digna" (artículo 50 de la Constitución) a vivir debajo un puente "a lo Carpanta".

Además, al basar los PPE en la negociación colectiva, se les otorga a la patronal y a los sindicatos mayoritarios una posición imprescindible y de privilegio, que sin duda afecta de lleno a la subida de los salarios. Resulta muy llamativo al respecto, que tales sindicatos, aunque no hayan mostrado su apoyo en público, sí lo han hecho en la práctica: no se había firmado la ley cuando en mayo de 2023 CC OO y UGT firmaban un preacuerdo en el convenio estatal de la construcción, donde ya se contemplaba la creación de un plan de pensiones de empleo, conforme a la entonces futura ley que absorbería parte del incremento salarial para el periodo 2022-2024.

Como no podía ser de otra manera, se trataba de otro "hecho histórico", tal y como sus máximos dirigentes manifestaban tras rematar su faena: "Un acuerdo histórico que sitúa al sector en el siglo XXI" (Mariano Hoya, de UGT-FICA) o "la construcción vuelve a ser pionera" (Daniel Barragán de CC OO)

A estos pandilleros del sindicalismo patronal y gubernamental, hay que decirles muy claramente que su "histórico" acuerdo no hace más que debilitar el sistema público de pensiones, en lo que forma parte de la estrategia gubernamental para su desmantelamiento y orientación hacia un sistema mixto, con unas pensiones mínimas e insuficientes para poder vivir con un mínimo de dignidad y unas pensiones privadas para aquellas pocas personas con más recursos.

Y por si no fuera suficiente, los PPE pueden ser una ruina económica como inversión, ya que la tendencia de la rentabilidad siempre es a la baja, cuando no negativa o cuando no, en ocasiones, hacia la quiebra, como ha ocurrido en casos muy significativos como el de la Enron americana.

En definitiva, los PPE no son más que un suculento negocio para la banca, pero también un desastre económico para la mayoría de trabajadores, son de dudosa moralidad en ciertos casos y ciertamente peligrosos en muchos. ¿PPE? ¡No, gracias!

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