El Gobierno, gracias de nuevo al apoyo del PNV y CC, sacó adelante el último decreto ley de medidas económicas, que pretende, según la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, dar un impulso al sector privado, que debe ser el responsable de protagonizar la recuperación económica.

En su intervención ante el pleno del Congreso, Salgado dijo que rebajar la fiscalidad a las pymes o incentivar fiscalmente la inversión permitirá dinamizar la actividad y mejorar la competitividad de la economía española.

Además, explicó que con estas iniciativas se eliminan obstáculos y se reducen los costes para la creación de sociedades y subrayó que al Gobierno le corresponde facilitar el crecimiento de las empresas y el nacimiento de otras para generar puestos de trabajo.

También aseguró que este decreto, que incluye también una subida del tabaco para compensar el efecto de las rebajas fiscales, supone un refuerzo del compromiso del Gobierno con la austeridad y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Durante el debate, los grupos parlamentarios, salvo el PSOE, se mostraron críticos con el decreto ley, incluso sus socios PNV y CC, que a pesar de votar a favor de su convalidación, rechazaron algunas de esas medidas.

Así, el diputado del PNV Pedro Azpiazu criticó que se haya incluido la supresión de la cuota cameral o la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos, ya que cree que "se están poniendo los bueyes delante del carro" y que habría sido mejor pactar el nuevo modelo de AENA antes que acordar la entrada de capital privado.

Ana Oramas de CC basó su discurso en la reforma del sistema aeroportuario y pidió que el Ejecutivo no elimine la singularidad que caracteriza en este ámbito al archipiélago canario "donde AENA supone su futuro y su supervivencia".

Por su parte, el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, subrayó que lo que necesita España son reformas estructurales y de fondo y no un elenco de medidas improvisadas y desordenadas, que no ofrecen confianza.

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre se opuso a la forma de privatizar Aena, ya que se seguirá manteniendo el monopolio del Gobierno central, frente al deseo del grupo catalán de la descentralización y de dar un papel más relevante a los gobiernos autonómicos en la gestión aeroportuaria, mientras que Joan Ridao, de ERC, aseguró que el nuevo modelo supondrá una gestión central e ineficiente, "que dejará a El Prat como mero comparsa de Barajas".

Nuria Buenaventura, de ICV, afirmó que el contenido del decreto está dictado por los 37 empresarios que mantuvieron una reunión con el Gobierno en noviembre.

El portavoz del BNG, Francisco Jorquera, señaló que el decreto supone la desamortización del patrimonio público, mientras que Rosa Díez, de UPyD, criticó que el Gobierno cuele "de tapadillo" una serie de medidas importantes en los decretos.

El decreto, prevé entre otras medidas, la reforma del impuesto de sociedades por el que todas las empresas con hasta 300.000 euros de beneficios tributarán al tipo reducido del 25%, además de que se considerarán empresas de reducida dimensión a las que facturen hasta 10 millones de euros.

Según el Gobierno, con esta medida se dejarán de ingresar 230 millones de euros en 2011, que serán compensados con los 780 millones que generará la subida del impuesto sobre el tabaco.

Asimismo, el decreto contiene la reestructuración del ente público Aena, por la que se dará entrada al capital privado en la futura Aena Aeropuertos sin que el Estado pierda el control de la sociedad.

También se transforma Loterías y Apuestas del Estado para distinguir entre regulador y operador, integrándose este último en una nueva sociedad estatal en la que podrán entrar inversores privados.