Madrid, Agencias

El PSOE recurrirá la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno no se aviene a modificar aquellos artículos que el principal partido de la oposición, coincidiendo con los sindicatos, considera que son «inconstitucionales». La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, destacó entre los aspectos de la ley que considera anticonstitucionales el despido sin ninguna causa en el plazo de un año para los trabajadores contratados en empresas de menos de 50 trabajadores. Según el PSOE, el período de prueba de un año debe estar justificado y determinado por la «categoría» del tipo de trabajo que se va a desarrollar.

Así, a su juicio, la reforma laboral «desnaturaliza» el período de prueba y lo convierte en una «laguna legal y constitucional» donde el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización, vulnerando así el artículo 35 de la Constitución que señala que la extinción de un contrato debe responder a una causa justa prevista de antemano.

También puede resultar inconstitucional, según Rodríguez, la modificación de las condiciones laborales por parte del empresario alegando unas causas «absolutamente generalistas», puesto que deja el cumplimiento del contrato en manos del empresario y prohíbe a los convenios colectivos regular determinadas condiciones de trabajo.

Además, la reforma laboral también puede chocar con el artículo 24 de la Constitución, que recoge el derecho de los ciudadanos a una tutela efectiva por parte de jueces y tribunales, ya que impide a la jurisdicción laboral atender de forma adecuada este principio.

La portavoz socialista añadió que lo mismo sucede con el «laudo obligatorio», puesto que la imposición de un arbitraje es «claramente contraria al principio de negociación colectiva» del artículo 37 y el alto tribunal ya se pronunció en este sentido.

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, negó que la reforma laboral contenga disposiciones inconstitucionales, y acusó al PSOE de coger «el rábano por las hojas» y preferir recurrir la norma al Constitucional en vez de dialogar.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, expresó su «respeto» a la decisión del PSOE de recurrir al Tribunal Constitucional, pero precisó que con 5,2 millones de parados «lo más constitucional» que se puede hacer es garantizar el derecho al trabajo.