Gijón, M. CASTRO

El presidente de la Autoridad Portuaria de Gijón, Emilio Menéndez, ve «difícil», debido a la delicada situación financiera de la Autoridad Portuaria, que Puertos del Estado dé marcha atrás en la subida de un 30% de las tasas que pagan buques y mercancías en El Musel. Menéndez recalca que esa subida deriva de la «herencia» del «equipo gestor socialista anterior», de la que fue «copartícipe» el presidente de FADE, Severino García Vigón, en su condición de consejero del Puerto desde 2007. Menéndez hizo estas valoraciones después de que Vigón pidiera a los gobiernos de Asturias y central que tomaran cartas en el asunto para evitar una subida que, según el líder de FADE, puede llevar a Arcelor a abandonar Asturias.

El director de El Musel, Julio de la Cueva, se trasladó ayer a Madrid para intentar que Puertos del Estado rebaje del 30% al 10% la subida de la tarifa al pasaje, que afecta a la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes y a los cruceros. El argumento es que «la Autopista del Mar es un contrato entre Francia y España, no una cuestión exclusiva nuestra», indicó Menéndez. Esa subida dificultaría el crecimiento de la línea con turistas del Camino de Santiago.

Sobre si hay posibilidad de aminorar la subida para el buque y la mercancía, responde: «Eso es más difícil puesto que la cuenta de pérdidas y ganancias es negativa y los gastos financieros y amortización de deuda este año nos van a suponer 20 millones de euros (un 40% del presupuesto de El Musel) y alguien tendrá que pagar eso», a lo que añadió, con ironía, que si el PSOE o FADE «hacen derramas y lo pagan, yo encantado, pero lo que no hay derecho es a que lo paguen los ciudadanos con impuestos». Al subir las tasas lo pagarán los operadores portuarios e indirectamente sus clientes.

Menéndez recordó que desde febrero de 2010, cuando el ICO concedió al Puerto un crédito de 215 millones de euros para hacer frente a los 260 de sobrecostes de la obra de ampliación, la Autoridad Portuaria está «intervenida por el Ministerio de Fomento», lo que reduce «sus opciones para la toma de decisiones».

El presidente de El Musel recalcó que «cualquier decisión que pudiera tomarse al respecto de las tasas debe de ser contemplada desde la irresponsabilidad de la gestión socialista anterior», que ha llevado al Puerto «a una situación económicamente difícil de sostener, realidad de la que García Vigón ha sido copartícipe».

En opinión de Menéndez, la ampliación se justificó en base a un estudio «totalmente falso» que pronosticaba 30 millones de toneladas de graneles sólidos al año, cuando hoy no se sobrepasan los 10; se produjeron 260 millones de sobrecostes y se congelaron las tasas los últimos diez años a pesar del esfuerzo económico que requería la obra. Las consecuencias, prosigue, son 465 millones de euros de deuda que en 2011 generaron 16 millones de gastos financieros, a los que se suman otros 7 millones de intereses por «contratos swap inadmisibles en una Administración pública» y 6 millones «tirados» en comprar el alto de Aboño para relleno de la ampliación, para lo que no se pudo usar.

Ahora «a nadie puede extrañar la decisión del Ministerio de Fomento» de subir las tasas el 30%, señala Menéndez. «Todo empresario, incluso el representante de FADE, sabe que las deudas, también las heredadas, hay que pagarlas», dijo. Agrega que el presidente de FADE «no debería de confundir las pérdidas contables con las necesidades de liquidez, producidas en este momento por una estructural caída de tráficos».

FADE respondió señalando que su misión «es la defensa de los intereses de las empresas radicadas en Asturias» y emplazó a Emilio Menéndez «a trabajar conjuntamente en el objetivo de evitar una subida de tarifas de todo punto perjudicial para el tejido empresarial asturiano, y a ver en la Federación un aliado y no un rival». FADE destaca que su presidente se limitó a alertar del riesgo de deslocalización de Arcelor, tras haber hablado con «cualificados representantes de la multinacional», alarma que refrendó Femetal. Vigón se considera «legitimado para hacer pública esa preocupación, sin que por ello nadie se sienta atacado». FADE recuerda que en su entrevista en LA NUEVA ESPAÑA, Vigón «no culpó» a Menéndez.

FADE dice que cuando Vigón se incorporó al consejo de El Musel «ya estaba diseñado el proyecto de ampliación y aprobado su pliego de condiciones» y recordó que en el mismo hay «cualificados expertos de Puertos del Estado, Principado, Abogacía del Estado y Comandancia de Marina». En el consejo, Vigón «apoyó con su voto la impugnación de las certificaciones» presentadas por Dique Torres, y apoyó «el cese del director del Puerto, como responsable de unos sobrecostes a los que reiteradamente se opuso (Vigón)», destaca FADE.