Oviedo,
Marián MARTÍNEZ
Las baterías de coque de Gijón dejarán de producir en octubre. La dirección de la compañía en Asturias comunicó ayer oficialmente la fecha a los sindicatos, que exigieron un calendario de reuniones para elaborar un plan social con las condiciones de traslado de los casi 200 trabajadores de dicha instalación. También reclamaron conocer los costes asociados a ese cierre y el plan inversor, teniendo en cuenta que la construcción de las nuevas baterías en Veriña está aplazada sine díe. La clausura de estas baterías puede suponer -si hay carga de pedidos- que recuperen la producción las dos de Avilés (números 7 y 8), paradas desde 2011.
El cierre de las baterías de coque de Gijón era una muerte anunciada. Sólo faltaba ponerle fecha, y ayer la anunció la compañía en una reunión que, según los sindicatos, fue muy corta y en la que no se aportaron datos, porque todavía se está elaborando la planificación del cierre y su coste.
La desastrosa situación en la que se encuentran las baterías de Gijón, en las que ya se han tenido que hacer inversiones para sostenerlas físicamente y para garantizar el suministro de gas a las instalaciones acabadoras y a la cabecera (sínteres), ya había forzado desde hace años las constantes denuncias de los sindicatos, que llegaron a temer incluso que se produjese algún accidente.
La parada no es ni fácil ni barata. Los sindicatos exigieron ayer saber los costes asociados a este cierre y las inversiones que están previstas en instalaciones auxiliares, además de las condiciones en las que se trasladarán a los casi 200 trabajadores con los que cuentan actualmente en esas baterías.
La compañía ya había aprobado la construcción de unas nuevas baterías de coque en Veriña, con una inversión de 150 millones de euros y un proyecto abierto, en el que se consideraba la posibilidad de una posterior ampliación; pero la recesión en el sur de Europa ha hecho que Arcelor-Mittal haya paralizado todas las inversiones.
La buena noticia es que el cierre de estas baterías de coque no supondrá despidos, cumpliéndose el mantenimiento de las plantillas que se pactó en el quinto acuerdo marco, por el que los trabajadores aceptaron rebajas salariales y flexibilización de la jornada laboral.
Una situación bien distinta de la que se produce en Bélgica, donde la multinacional acaba de anunciar el cierre de seis instalaciones de frío (acabadoras) y de la planta de coque en Lieja, con la eliminación de 1.300 empleos. Estos despidos se suman a los 800 que hace un año supuso la clausura de los hornos altos de Lieja.
Los gobiernos de Bélgica y de la región de Valonia, junto con los sindicatos, suscribieron ayer un documento conjunto en el que rechazan el cierre de estas instalaciones. «No aceptamos el cierre ni la decisión de Arcelor-Mittal. Todos respaldamos a los trabajadores y el elaborar un plan industrial y salvar el empleo», señaló en un comunicado el Ejecutivo, liderado por el socialista Elio di Rupo. También anunciaron que ahora su prioridad es encontrar un inversor que quiera hacerse cargo de estas instalaciones. Ambos ejecutivos decidieron, además, crear un grupo de trabajo que desarrolle un plan industrial para la zona. En él participarán también los sindicatos y podrían entrar los ayuntamientos más afectados por la decisión de la siderúrgica.
