La empresa Alu Ibérica (antigua Alcoa), con fábrica en Avilés, ha transmitido en sendas cartas a la Ministra de Industria y a los presidentes de los gobiernos de la Xunta de Galicia y del Principado de Asturias su "profunda decepción" y "seria preocupación" ante el resultado del plan para abaratar la luz del sector fabril (estatuto electrointensivo), que "ni reconoce a la industria electrointensiva como estratégica, ni acomete medidas que realmente acaben con el diferencial de costes eléctricos y permitan competir en igualdad con los productores de Alemania, Francia o Suecia".

Alu Ibérica recuerda en su escrito, firmado por Günter Goldhammer, director de operaciones, que "deben cumplirse los compromisos adquiridos en junio de 2019, cuando se aseguró que habría unos costes eléctricos adecuados para poder volver a producir aluminio primario en La Coruña y Avilés". Bajo el punto de vista de Alu Ibérica, "resulta especialmente preocupante que el estatuto no dote a las empresas más afectadas, las hiperelectrointensivas, de medidas reales solucionen problema".

Según estimaciones de la dirección, las medidas propuestas por el Gobierno suponen un ahorro medio de entre 0,52 y 3,2 euros por megavatio/hora, y "así es imposible arrancar la producción de aluminio primario en nueve meses", compromiso adquirido con el Gobierno por el grupo Parter cuando en 2019 compró las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña, siempre que el precio de la electricidad bajase de 40 euros por megavatio/hora.

La aluminera propone tres medidas concretas para lograr el objetivo de un precio de la electricidad competitivo en el marco europeo:

1-Incluir en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética una garantía de compensación de CO2 indirecto con el 25% de los ingresos de las subastas de derechos de emisión, de acuerdo con las Directrices de la Comisión Europea.

2-Eximir a los consumidores hiperelectrointensivos del 80% de los peajes de la red de transporte, de acuerdo con las autorizaciones de la Comisión Europea a otros países miembros.

3-Limitar los cargos de financiación de renovables al 0,5% del Valor Añadido Bruto (VAB) de la empresa.