El Gobierno socialista del Principado se alinea con la gran industria de la región y urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reforzar, con más fondos, las tres vías abiertas para rebajar el precio de la luz. El Principado insiste en la necesidad de que el nuevo estatuto del consumidor electrointensivo, que debería aprobarse este mes tras dos años de espera, reconozca la figura de las industrias hiperelectrointensivas, con fuerte peso en la región; que las compensaciones a las fábricas por los llamados costes indirectos de CO2 alcancen el máximo de ayudas que permite la Unión Europea, y que el mecanismo de capacidad que sustituirá a las antiguas subastas de interrumpibilidad, contra el que ha presentado alegaciones, ayude realmente a mejorar la competitividad de la gran industria.
Organizaciones empresariales como la patronal Femetal han dejado claro que a las industrias altamente electrointensivas -casos de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alu Ibérica en Asturias- "de nada les sirven las medidas que se han puesto sobre la mesa" y que está latente el peligro de cierres que se sumen a los de Alcoa. Esas medidas son un estatuto del consumidor electrointensivo diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez que trata de llegar a muchas empresas -cerca de 600- a costa de reducir las ayudas a los mayores consumidores de energía; unas compensaciones por costes indirectos del CO2 de 61 millones que quedan muy lejos del máximo que permite la UE (entre 240 y 300 millones, según distintas fuentes), y una alternativa a las antiguas subastas de interrumpibilidad que da entrada, junto a los consumidores industriales que pueden ofrecer potencia interrumpible, a centrales eléctricas que estén ociosas.
El Gobierno del Principado considera que esas tres vías para abaratar el precio de la energía deberían estar dotadas de mayores fondos y respalda las reclamaciones de la gran industria de la región.
Fuentes de la consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica señalaron que la postura del Gobierno regional no ha variado, que sigue exigiendo que se reconozca la figura del consumidor altamente electrointensivo por la singularidad de contar con varias de esas empresas en Asturias (que son tractoras) cuyos costes y competitividad dependen en buena medida de los precios de la energía. "Reivindicamos un estatuto del consumidor electrointensivo que reconozca y prime la figura de la industria altamente electrointensiva", insistió ayer en la Junta General del Principado Enrique Fernández, consejero Industria.
"Las ayudas nos parecen adecuadas para evitar el riesgo de deslocalización de la producción industrial hacia países con mayor laxitud en su normativa medioambiental, pero no nos parecen suficientes", señaló ayer Enrique Fernández, que la semana pasada, cuando el Gobierno anunció compensaciones de 61 millones de euros a las fábricas por los llamados costes indirectos de CO2, apuntó que solo eran una parte de lo que en su momento se había comprometido y que "es bueno que los políticos cumplamos lo que decimos". Fuentes de la Consejería de Industria señalaron ayer que el Gobierno regional reclama que haya nuevas convocatorias de las compensaciones y que se dé cumplimiento a lo comprometido de tratar de llegar al máximo que permite la normativa europea, que calculan en 240 millones de euros.
El Ministerio para la Transición Ecológica sacó a información pública el pasado verano un mecanismo alternativo a las subastas de interrumpibilidad que estuvieron vigentes hasta el pasado mes de junio y que aportaban a la industria electrointensiva compensaciones a cambio de estar dispuestas a desconectarse de la red en caso de necesidad del sistema. Estas nuevas subastas reducen la potencia de los bloques interrumpibles -lo que abre la posibilidad de que más empresas concurran a ellas y con ello bajen los precios- y permite también la participación de productores de electricidad. Fuentes de la Consejería de Industria señalaron que el Principado ha presentado alegaciones al nuevo mecanismo de capacidad para que se prime a las grandes plantas electrointensivas en línea con lo que estas demandan.
Al margen de los instrumentos de ayuda del Gobierno central, el consejero de Industria, Enrique Fernández, destacó ayer que el Principado ha concedido en el último año siete ayudas a grandes empresas industriales y pymes por importe de 8,9 millones asociadas a una inversión total de 171,2 millones de euros para eficiencia y diversificación energética. Apuntó que están en trámite otras dos ayudas por importe de 1,1 millones que y hasta el 31 de diciembre hay disponibles 2 millones de euros para que más empresas puedan acogerse a la línea.
El debate sobre industria electrointensiva también se trasladó ayer al Congreso de los Diputados con una proposición no de ley presentada por Foro Asturias en la que se exigía, por segunda vez, la inmediata aprobación de estatuto del consumidor electrointensivo atendiendo las alegaciones presentadas por Asturias, Galicia y Cantabria. El texto fue ampliado con una propuesta del PP para elevar al máximo las compensaciones por los costes indirectos de CO2 y fue respaldado expresamente por Ciudadanos, Vox, el grupo Plural y el grupo Republicano (hoy se votará). El PSOE, que insistió en que el estatuto se aprobará este mes de octubre, solicitó que al texto se añadiera la coletilla de que se aceptarían las alegaciones de Asturias, Galicia y Cantabria hasta donde la UE lo permita y para elevar las compensaciones por el CO2 invitó al PP a aprobar los presupuestos de 2021.
