La sentencia del Tribunal Supremo pilló ayer a los partidos políticos gijoneses, y a sus candidatos a la Alcaldía, pisando el acelerador del tramo final de la campaña electoral. Pase lo que pase el domingo en las urnas el primer reto que deberá afrontar la nueva Corporación, y sobre todo quien se haga cargo del gobierno, ya está fijado: dar respuesta a un urbanismo gijonés paralizado por orden judicial. Todos tienen claro que Gijón debe tener cuanto antes un Plan General de Ordenación (PGO) que de seguridad jurídica al urbanismo local y favorezca reactivar la construcción. Esa unanimidad se rompe al seleccionar al culpable de esta situación.
La alcaldesa y candidata de Foro a la reelección lo tiene claro. "La sentencia del Supremo supone que por fin el plan Sanjurjo está muerto. Empezamos otra etapa pero lo que ha pasado no es sinónimo de alegría. Quiero trasladar a la ciudadanía la tranquilidad de haber hecho lo que aconsejaron los servicios jurídicos de iniciar un nuevo plan que está avanzado y que queda sobre la mesa para la nueva Corporación. En tres o cuatro meses se aprobará el nuevo PGO. Lo necesitan los constructores y la ciudadanía para una nueva etapa de desarrollo y crecimiento para Gijón", explicaba ayer la regidora. Moriyón hacía referencia en esta reflexión al proceso abierto de revisión del PGO. Un proceso que ha servido para tramitar sólo el documento de prioridades. Ahora hay que llevar el texto definitivo al Pleno para su aprobación inicial. Y tras el complejo proceso de información pública y contestación de las alegaciones llegará la aprobación definitiva y entrada en vigor del nuevo documento.
En cuanto a la petición de indemnizaciones que llevan meses anunciando los constructores más afectados, Moriyón dejó claro que "habrá que estudiar caso por caso y de manera particular. No se indemnizan expectativas. Hasta que esté acabado el nuevo plan general no se sabrá cómo puede verse afectado cada propietario".
Al otro lado de la línea se coloca el PSOE para quien es Foro el culpable de haber llegado a este punto de conflicto al no acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en su sentencia de 2013, de retrotraer la tramitación y sacar a información pública los dos documentos objeto de la demanda del colectivo de Vega. "Hace 27 meses que este gobierno debería haber cumplido con la sentencia. Estamos ante defectos de forma, no de fondo; pero Foro se negó a hacerlo y ahora estamos ante una paralización total. El Ayuntamiento no puede dar ni licencias", quiso dejar claro la concejala socialista Begoña Fernández, responsable de urbanismo en su grupo municipal.
El PSOE reivindica la urgencia de contar con un PGO cuanto antes. Y el camino más rápido a su entender es retramitar el Plan General de 2011 "sin perjuicio de introducir los cambios que se consideren oportunos". Dar luz verde a ese plan de 2011 supondría garantizar la pervivencia de los suelos urbanizables de Granda, Castiello, Bernueces o el Infanzón cuya eliminación está en el origen de las demandas de responsabilidad patrimonial que anuncian los promotores.
Izquierda Unida, que junto al PSOE votó el Plan de 2011, también carga contra Foro. La concejala Cristina Tuya entiende que el equipo de gobierno no tomó las decisiones oportunas tras la anulación por parte del tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para "evitar la inseguridad jurídica y el caos que esta ratificación implica para Gijón". IU reivindica que la anulación se asienta en meras cuestiones formales que podrían haberse solventado "en un plazo relativamente corto, con independencia de que el equipo de gobierno quisiera realizar modificaciones parciales sobre su contenido".
Hacia el PSOE vuelve su mirada crítica el secretario general del PP y número tres de la candidatura municipal, Pablo González. "Esta sentencia tira por tierra la forma de hacer política urbanística del PSOE, que se limitaba a generar una ficción de participación ciudadana y mirar para otro lado en cuestiones que podían ser de riesgo físico. Esto marca un antes y un después, la vieja política de la impunidad es parte del pasado", sentenció el exedil gijonés.
A partir de esta reflexión, el portavoz del PP plantea la necesidad de que el Ayuntamiento asume con celeridad dos iniciativas antes de la toma de cualquier decisión. Una pasa por el estudio de todos los escenarios posibles de responsabilidad patrimonial que generen coste económico para el Ayuntamiento. Y la otra supone la revisión de la tramitación actual del nuevo Plan que puso en marcha Foro para garantizar "que tenga seguridad jurídica, nosotros tenemos nuestras dudas en este aspecto". El PP entiende que "en la medida de lo posible" lo deseable sería seguir adelante con la tramitación y no empezar de cero. Pero sólo si tienen todas las garantías.
