Enagás ha retrasado un año sus previsiones para poner en funcionamiento la regasificadora de El Musel, a raíz de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre qué implica el cumplimiento de la sentencia que dictó en 2013, ratificada por el Tribunal Supremo en 2016, que anuló la autorización administrativa para la construcción de la planta. El auto rechaza la petición de Equo de demoler la instalación, pero también advirtió que no se puede legalizar la planta por el método exprés que pretendía Enagás, que era convalidar la autorización administrativa anulada.

Enagás se apoyaba en que el único motivo para anular la autorización fue el incumplimiento de un artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que impedía construir la planta a menos de dos kilómetros de viviendas. Ese artículo fue posteriormente derogado, con lo que el operador del sistema logístico de gas español confiaba en que le permitieran convalidar la autorización, al ya no estar vigente la normativa que incumplía.

En base a esas previsiones, fuentes oficiales de Enagás señalaron el pasado mes de marzo a este diario que su previsión era poner en servicio la regasificadora de El Musel a lo largo de 2018, tras solventar la tramitación administrativa, el cierre de contratos con potenciales clientes y una revisión técnica de la instalación.

Un escenario que ha cambiado con la obligación de repetir toda la tramitación, incluyendo una nueva elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, algo con lo que Enagás no contaba.

Tanto el TSJM como el Supremo se limitaron a examinar el incumplimiento del Raminp para decidir la anulación de la autorización administrativa de la planta. Pero ese era solo uno de los argumentos en contra de la misma que planteó Equo. Los magistrados no vieron necesario examinar todo el argumentario, dado que con el incumplimiento del Raminp ya era suficiente para anular la autorización. Ahora Equo volverá a plantear esos argumentos en las alegaciones y posterior recurso contencioso que volverá a interponer contra las decisiones administrativas que se tomen para legalizar la planta, que acabó de construirse en noviembre de 2012 y nunca ha entrado en servicio.