"No vamos a escatimar esfuerzos porque todos queremos llegar al fondo de este asunto. Y por eso pedimos al Incar que esté a la altura de las circunstancias, que hasta el momento no ha estado". La alcaldesa, Carmen Moriyón, incorporaba ayer un duro reproche al Instituto Nacional del Carbón -un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- en su compromiso ante el Pleno de seguir buscando el origen del carbón que cada cierto tiempo mancha la playa de San Lorenzo. No entiende Moriyón la razón de que el Incar no les comentara que estaba realizando una investigación propia cuando hace meses se les pidió ayuda para intentar cotejar muestras de carbón procedentes del "Castillo de Salas". Una investigación que abre la puerta a que ese carbón proceda del Musel, mientras los geólogos Flor, padre e hijo, plantean en su informe para el Observatorio de la playa que lo más probable es que venga del buque hundido frente al Cerro de Santa Catalina.

Pero menos entiende que el Incar no haya contestado aún ni al Ayuntamiento ni a la Autoridad Portuaria en la petición realizada a finales de noviembre de enviarles ese estudio y, menos aún, tener que enterarse por la prensa de que dos investigadores del Instituto recogían muestras este martes en San Lorenzo, al tiempo que el exdirector general de la Marina Mercante, José Antonio Madiedo, les entregaba una de esas piedras de carbón del "Castillo de Salas" que tanto busca el Ayuntamiento. "Hablé con una responsable del Incar y no hay manera, no entiendo este secretismo tremendo", explicó antes de aprovechar el Pleno para pedir al Incar "por favor, colaboración institucional. Esto no me parece medianamente normal". La regidora pidió que "no se juegue con la playa de Gijón, que es muy vulnerable y cada vez está expuesta a más cosas. Si el carbón es del "Castillo de Salas" asumiremos nuestra historia y explicaremos la verdad. Pero lo que no se puede es generar continuamente incertidumbre y menos por parte de una entidad de reconocido prestigio. La situación es insoportable".

La Alcaldesa contestaba así a una propuesta del popular Pablo González, que salió adelante por unanimidad de todos los grupos de la oposición de comprometer todos los recursos municipales disponibles para averiguar el origen del carbón. El PP también reivindicaba comprometer en ese proceso a la Autoridad Portuaria, aunque en este aspecto Moriyón destacó que ya hay una intensa colaboración abierta. Toda la Corporación asume que hay que buscar soluciones a un problema que, aunque no genera daños ambientales, ataca la imagen de una de los elementos más importantes del patrimonio de todos los gijoneses.

También salió adelante por unanimidad la propuesta de Aurelio Martín, portavoz de IU, de buscar desde el Pleno un mayor compromiso de Arcelor. Un compromiso que pasa, en la propuesta de IU, por solicitar a la empresa que publique en continuo los datos de sus estaciones de medición, ya que tiene dudas sobre la exactitud de los registros de la unidad móvil municipal ubicada en el Lauredal, y por pedirle al Principado que condicione la concesión de la autorización ambiental integrada de Arcelor a que presente un calendario de inversiones. Esta parte del mandato plenario llega tarde ya que la nueva autorización ambiental de Arcelor se firmó el pasado día 4 y en ella ya se contienen las obligaciones ambientales que conllevan la reducción de emisiones contaminantes.

Un tercer elemento de la propuesta de IU es estudiar la opción de llevar la estación móvil a la avenida de la Argentina. Aquí hay reticencias. Por un lado, la Alcaldesa defendió el interés técnico de que esté en el Lauredal hasta agosto para poder hacer un estudio a año completo, y por otro, los portavoces de otros grupos reivindicaron esperar al estudio de ubicación de estaciones contratado por el Principado y tener en cuenta las peticiones de los vecinos en el Consejo de Medio Ambiente de llevarla a otras ubicaciones, como Tremañes o Portuarios.

Y también por unanimidad salieron adelante otras cuatro iniciativas que exigen al gobierno forista la presentación de informes y modificaciones presupuestarias. A iniciativa del PSOE se deben presentar antes de que acabe el año informes sobre el pago de las subvenciones, IU da tres meses para concretar un estudio de evaluación cuantitativa y cualitativa de la renta social y el 31 de enero es la fecha de Ciudadanos para un estudio sobre ayudas de alquiler.