El Plan de Movilidad es "obligatorio", avisa un informe de la secretaria municipal

Tener un plan de movilidad urbana sostenible que introduzca medidas para reducir las emisiones derivadas de la movilidad no es una opción para un ayuntamiento como el de Gijón. Es una obligación marcada por la actual legislación autonómica y estatal. Este "carácter obligatorio" es uno de los mensajes más contundentes que se incluyen en el informe emitido ayer por la Secretaría General de Pleno sobre el marco normativo y de legalidad para la aprobación del más que polémico Plan de Movilidad Sostenible de Gijón 2023-2032. Un informe solicitado formalmente por la Alcaldía este mismo jueves y que "aunque preceptivo no resulta vinculante y se emite sin perjuicio del acuerdo que adopte la Corporación". El texto no entra en los aspectos técnicos del documento, solo en las cuestiones jurídicas que lo rodean.

Y en ese contexto a la consideración de obligatoriedad se unen otras en el informe de la responsable de la Secretaría, Inmaculada Fernández Gancedo. Por ejemplo, que la carencia de un plan con estas características pone en riesgo la recepción de ayudas al transporte como las que está recibiendo Emtusa, que el plan en vigor fechado en 2014 no solventa el problema ya que no da respuesta a las exigencias de la legislación vigente que es muy posterior, que como documento de planeamiento no tiene carácter normativo y que el Plan que ahora se pretende aprobar ha seguido la tramitación legalmente exigida. A partir de todo ello, la secretaria emite un informe favorable al Plan. El documento fue remitido ayer a todos los grupos municipales.

"Espero que nadie tenga ahora ninguna duda", sentenciaba con ironía el edil de Movilidad, Aurelio Martín, tras recordar que el informe de la "máxima autoridad jurídica del Ayuntamiento dice lo que dice y lo que dice se parece mucho a lo que viene diciendo esta concejalía y este gobierno". A la aprobación de este Plan no solo se oponen los partidos de centro derecha de la oposición. Ciudadanos, Foro, el PP y Vox ya votaron en contra del Plan en la pasada comisión de Movilidad y su rechazo no sorprende a nadie. El problema está a la izquierda. La ejecutiva socialista que lidera Monchu García dejó claro a la alcaldesa, la también socialista Ana González, que no quería que el documento fuera aprobado en el Pleno –la previsión es que vaya al del del próximo día 20, el último ordinario de este mandato– en base a sus dudas sobre su seguridad jurídica al estar recurrida la ordenanza de Movilidad. Pese al mandato de la ejecutiva, la Regidora ha seguido con la tramitación y los ediles del PSOE votaron sí al documento en la pasada comisión junto a los ediles de IU y Podemos–Equo.

En su informe, Fernández Gancedo hace referencia a la obligatoriedad de tener un plan de movilidad urbana sostenible para los concejos de más de 30.000 habitantes que se incluye en la Ley de Transportes de Movilidad Sostenible del Principado de Asturias y a la misma exigencia que, a nivel estatal, hace la ley de Cambio Climático y Transición Energética para los municipios de más de 50.000 habitantes. De hecho esa ley marca esa obligación para antes de 2023 así que Gijón ya llega tarde.

¿Y por qué no vale el plan aprobado por la Junta de Gobierno en 2014? Pues, se explica en el informe, porque "no se ajusta" a la legislación vigente en cuanto a incluir esas medidas de reducción de emisiones que vienen desde Europa. Hay que recordar que la ley autonómica vigente es de 2018 y la estatal de 2021.

"Hay que añadir", se sigue en el informe, "que no contar con plan de movilidad sostenible cuando es obligatorio conlleva la imposibilidad de obtener subvenciones del Principado y el Estado destinadas al transporte urbano, que en el caso del Ayuntamiento de Gijón afecta particularmente a Emtusa". Al margen del análisis quedan las ayudas que se están recibiendo de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde se incluyó el plan vigente como plan de referencia en la documentación enviada desde Gijón.

El informe también deja claro que un plan de estas características no es una norma sino solamente un documento de objetivos que fija una estrategia. Un Plan de Movilidad no puede regular aspectos reservados a una ordenanza. Es desde una ordenanza desde donde se regula cualquier restricción en la utilización de una vía lo que no impide que desde un plan se pueda fijar el sentido de circulación de una calle o la instalación de un carril bus. Ahora mismo la ordenanza en vigor es la de 2021 ya que no hay sentencia firme de anulación. Y las futuras zonas de bajas emisiones tendrán que acompañarse de una ordenanza específica según marcan el real decreto ley de finales del año pasado sobre el asunto.

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