La ampliación del Parque Científico obliga al Ayuntamiento de Gijón a comprar una gran finca

El Consistorio tendrá que adquirir la parcela a la Universidad y descartar la permuta prevista para desbloquear la operación

Vista de la parcela, ubicada en la intersección entre las avenidas de La Pecuaria y el Jardín Botánico. | Marcos León

Vista de la parcela, ubicada en la intersección entre las avenidas de La Pecuaria y el Jardín Botánico. | Marcos León / Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

El complejo rompecabezas legal para desbloquear la ampliación del Parque Científico Tecnológico está cerca de ver colocada su última pieza tras varios meses de retraso. Eso sí, será ya a comienzos del siguiente mandato, con el próximo equipo de gobierno, cuando se formalice el traslado de la propiedad de la parcela al Ayuntamiento. Y finalmente se hará a través de una compra–venta –inicialmente se planteó una cesión– de este terreno de 18.743 metros cuadrado de extensión. Tan solo falta la tasación del terreno y la operación podría rematarse la última semana de junio.

Precisamente, es la fórmula del traspaso de la propiedad de la parcela lo que ha bloqueado una operación que Ayuntamiento y Universidad de Oviedo tenían previsto haber llevado a cabo a principios de año. Entonces, ¿cuál fue el problema? Toca remontarse a agosto de 2022. Es en ese mes cuando la alcaldesa, Ana González, y el rector, Ignacio Villaverde, escenifican la cesión de la finca de La Pecuaria con una firma ante los medios de comunicación. Era la rúbrica del nuevo convenio entre ambas instituciones que contemplaba su cesión a cambio de que el Consistorio acometiese mejoras en la calle Blasco Garay y Pedro de Lucuze y Ponce, los accesos a la Escuela Politécnica y Marina Civil, además de dotar de mobiliario urbano el campus y cubrir las pistas deportivas.

Todo parecía sobre ruedas. El Consejo de Gobierno de la Universidad aprobó en noviembre dicho convenio y la desafectación de la finca, con el visto bueno del Consejo Social. Sin embargo, Intervención General del Ayuntamiento echó para atrás esta fórmula, ya que el convenio no servía como marco legal para esa operación. Tocó buscar un plan B. Primero, mediante el planteamiento de una cesión de usos que no fructificó. Por ello, se puso encima de la mesa otra opción: la compra de la parcela por parte del Ayuntamiento a la Universidad. Una opción que ambas instituciones vieron con buenos ojos.

La idea del equipo de gobierno de Ana González era poder materializar la operación antes del trasvase de poderes. Concretamente, en la Junta de Gobierno que se celebrará mañana viernes, la última del mandato. Finalmente, no podrá ser así. Un retraso en la llegada de la tasación de la finca encargada por la Universidad de Oviedo, documento imprescindible para ejecutar la operación, echó por tierra el calendario previsto. El Consejo de Gobierno de la Universidad respaldó el pasado lunes la venta, pero se encontró con la negativa del Consejo Social. Este segundo organismo, encargado de supervisar las decisiones del ente académico, decidió retirar el punto y posponer su aprobación al faltar aún la valoración económica y, por tanto, el expediente completo. Eso sí, fuentes de la Universidad reiteran que ambos organismos dieron "el visto bueno a la naturaleza de la operación, y que, una vez se disponga de la tasación, "se llevará a ambos órganos el expediente de autorización de la venta de la parcela". "En ningún momento se puso en duda que se efectuase ni hubo fricciones. Hay unanimidad para efectuar la venta, pero se optó por esperar a tener el expediente completo", insisten participantes en dicha reunión, celebrada el miércoles.

Si por fin llega la esperada tasación, debería volver a pasar por el Consejo de Gobierno para después someterse otra vez al visto bueno del Consejo Social. Este último volverá a reunirse la última semana de junio. Si esta vez está en manos de la Universidad a tiempo y se le da luz verde, la Junta de Gobierno podrá aprobar una declaración de intención de compra que permitiese al Ayuntamiento disponer de esa parcela para poder licitar la esperada ampliación a pesar de que la operación de compra–venta no esté ejecutada formalmente. "Hay consenso absoluto entre ambos organismos", reiteran tanto fuentes municipales como universitarias.

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