Las escuchas de la Guardia Civil apuntan a una quiebra fraudulenta de NMR

Las escuchas telefónicas efectuadas por el Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil a los socios y directivos de Natural Mining Resources 1926 (NMR), así como a otras personas, arrojan indicios de una supuesta quiebra fraudulenta de la sociedad que llegó en 2020 a ser el principal operador de carbones de El Musel, que patrocinó al Real Oviedo hasta mediados de 2021 y que cuenta con explotaciones mineras en Asturias. La actividad principal de la empresa hasta 2020 era la importación por El Musel de carbón de Rusia para exportarlo luego a otros países, en gran parte a térmicas de Marruecos. La operación en sí no es fraudulenta y de hecho otras empresas solventes hacen lo mismo –con carbón de otros orígenes– en la actualidad en el Puerto. En el caso de NMR, lo que supuestamente se produjo fue una descapitalización de la empresa en supuesto beneficio de sus socios y la aportación de datos presuntamente falsos o sesgados a los acreedores para tratar de salir impunes del concurso que solicitó la empresa, según la investigación de la Guardia Civil.

El informe de la Guardia Civil con las conversaciones que indiciariamente apuntan al supuesto fraude ha sido remitido por el juzgado de instrucción en el que se investiga a los responsables de la compañía por siete supuestos delitos, al juzgado de lo mercantil número 8 de Madrid, en el que aún se está tramitando el concurso voluntario de acreedores que se declaró en diciembre de 2021. Los siete delitos por los que están siendo investigados son estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil, además de otros dos en relación con el concurso voluntario de acreedores como son los de estafa procesal y falsedad en documento mercantil.

El informe de la Guardia Civil, que resume los 16 oficios policiales remitidos al juzgado entre julio de 2021 y octubre de 2022, concluye que hay múltiples indicios sobre la presentación de información falsa por parte de los socios de NMR (A. J. B. S. y D. R. M.) en el procedimiento concursal, atribuyendo también un papel destacado al director financiero de NMR, P. I. H. H.

Así, según la versión policial, los dos investigados y sus asesores ocultaron información económica sensible a la firma auditora a la que encargaron confeccionar el documento sobre la situación de la empresa que utilizaron para negociar con los acreedores un convenio. En marzo de 2022 la empresa ya había logrado el suficiente número de apoyos para levantar el concurso.

Los investigadores señalan, en base a las escuchas telefónicas, que la estrategia de los investigados pasaba por dilatar procedimientos judiciales y arbitrales, de carácter mercantil y penal, para que esa información no llegara al administrador concursal y de esa manera no se contabilizara en el pasivo de la empresa todas las deudas que acumulaba NMR.

Además, en el activo de la sociedad, NMR contabilizó las 160.000 toneladas que importó por el Musel y que un laudo arbitral señaló que no eran suyas al haber pagado sólo una pequeña parte del precio al proveedor.

A eso se suma la supuesta aportación deliberada a los acreedores de una información financiera inexacta «jugando a patada adelante» en palabras de los propios encausados, proponiendo amplias quitas de deuda, con varios años de carencia y planteando una refinanciación de la misma cuando hubiera que comenzar a pagarla. Según el informe, «la intención de los encartados no estaría centrada en obtener esa financiación en aras de lograr desarrollar la viabilidad de la sociedad concursada NMR 1926, la cual habrían descapitalizado en su beneficio particular, si no que se trataría sencillamente de una estrategia con la que lograr mantener acceso a la financiación bancaria en beneficio propio (elevado tren de vida), así como de lograr poner fin al proceso concursal sin declaración de responsabilidad».

Según la Guardia Civil, NMR presentó desde la fase preconcursal, informaciones inexactas a los acreedores comerciales y bancarios «pretendiendo los investigados la perduración de estructuras societarias para su lucro personal e impunidad», no para lograr la viabilidad futura de la empresa.

Paraísos fiscales

La Benemérita también considera que de las conversaciones intervenidas se deducen indicios del intento de D. R. M. de intentar mantener el control de la mina tinetense de Pilotuerto (su unidad productiva tras cesar la actividad en El Musel) a espaldas del concurso, en base a conversaciones con el empresario leonés propietario de esa mina, V. A. G. y personas de su confianza.

Además, las conversaciones que reseña la Guardia Civil apuntan a que los investigados, bien directamente o a través de testaferros, controlan cuatro sociedades en el extranjero, algunas en paraísos fiscales, como son Al Daksyd Metallurgies, Rio Blanco EAU, Rio Blanco Ltd y Obsidian Mining & Steel a través de las que podrían haber modificado las cifras de activo y pasivo que declararon en el concurso.

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