La quiebra de NMR, que la Guardia Civil ve fraudulenta, suma 170 millones de deuda

El concurso de acreedores de Natural Mining Resources 1926 (NMR) que un juzgado madrileño está investigando como supuestamente fraudulento, en base los informes del Grupo de Riesgos Emergentes de la Guardia Civil sobre las escuchas telefónicas a socios y directivos de la empresa, así como a otras personas, ya suma 170 millones de euros de deuda, después de que sendos laudos arbitrales hayan condenado a NMR a indemnizar a dos empresas marroquíes por incumplir los contratos de suministro de carbón en cantidades que suman más de 58 millones de euros. NMR fue en 2020 el principal operador de carbones de El Musel, usando el Puerto como punto de paso intermedio para el mineral que compraba fundamentalmente en Rusia, mezclaba en Gijón y vendía posteriormente a terceros, principalmente a térmicas marroquíes. Directivos de la empresa están siendo investigados por supuesta estafa y otros delitos en dos juzgados de Madrid y además también afrontan investigaciones penales en un juzgado de Grado y otro de Gijón.

Los clientes marroquíes que ahora se han convertido en dos de los principales acreedores de NMR son Safi Energy Company (Safiec, sociedad participada por grupos de Francia, Japón y Marruecos que gestiona la térmica de Safi) y la sociedad pública marroquí ONEE (Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable) han remitido al Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid –el que tramita el concurso de NMR, cuya sede social está en Pozuelo de Alarcón (Madrid)– los laudos de arbitraje internacional y se han opuesto a la aprobación judicial del convenio que NMR había pactado con la mayoría de los acreedores que había declarado cuando fue declarada en concurso, en diciembre de 2021, apuntando entonces que sus deudas eran de algo más de 101 millones de euros.

En cuanto a Safiec, informa al juez de las cuantías que el laudo del pasado mayo obliga a NMR a que le indemnice por incumplimiento de contrato, intereses y costas, en otras divisas, que al cambio suponen 50 millones de euros. A ONEE, la indemnización que está obligado a pagarle NMR es de 18,07 millones de euros sin contar los intereses.

La mayor cuantía corresponde a los contratos con Safiec para suministrarle 900.000 toneladas de carbón entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. NMR sólo hizo envíos desde El Musel correspondientes a los tres primeros meses, dos de los cuales rechazó Safiec al no tener el carbón la calidad pactada, por un exceso de humedad. La térmica marroquí tampoco aceptó posteriormente la propuesta de envíos de carbón con menor calidad del pactado y acabó por comprar la mercancía a un tercero, reclamando a NMR la indemnización por los costes adicionales en los que incurrió por 49,83 millones de dólares (tras haber descontado otros 1,38 que ya había retenido del abono de una factura). La corte de arbitraje rechazó el argumento de NMR de que la fluctuación del precio del carbón en el mercado internacional por el covid era una causa de fuerza mayor e imposibilitaba hacer frente al contrato, dado que en el mismo se especificaba que las fluctuaciones no eran justificaban el incumplimiento del contrato.

En las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil en la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón se recogen conversaciones alusivas a las reclamaciones de ambas empresas marroquíes y a la ocultación de esa información a los acreedores para aprobar el convenio. Ese juzgado madrileño investiga a los socios de NMR, A. J. B. S. y D. R. M. por los supuestos delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil, además de otros dos en relación con el concurso de acreedores como son los de estafa procesal y falsedad en documento mercantil.

La Guardia Civil reseña en sus informes en base a las escuchas telefónicas el supuesto interés de los investigados en acelerar la aprobación de un convenio con los acreedores en base a la información supuestamente sesgada y falsa que les estaban haciendo llegar a ellos y al administrador concursal. Entre otros motivos para acelerar el levantamiento del concurso estaba evitar que el concurso se declarara culpable, lo que permitiría pedir responsabilidades patrimoniales a los administradores de la empresa. Una posibilidad que temían si no lograban levantar el concurso antes de que se dictaran los laudos arbitrales que preveían perder y que incrementarían la deuda de la sociedad hasta en 80 millones de euros.

"Ir a concurso otra vez"

Eran conscientes de que cuando llegaran esos laudos, la empresa tendría que volver a entrar en concurso, pero «nadie se puede meter con nosotros otra vez a revisar otra vez la contabilidad», señalaba en una de las conversaciones intervenidas uno de los socios y supuesto administrador de hecho de NMR, A. J. B. S., quien momentos después explicaba gráficamente a sus interlocutores: «quiere decirse que dentro de dos o tres años a lo mejor hay que ir a concurso otra vez y pedir una quita del 90% y le den por culo a todos los acreedores». En esa conversación de mayo de 2022 participaban el otro socio y administrador de derecho de NMR, D. R. M.; el director financiero de la empresa y un asesor.

En las conversaciones se apuntan indicios de que se dio información falsa y sesgada a los acreedores, se contabilizó en el activo de la sociedad 160.000 toneladas de carbón que eran propiedad de un proveedor (que recuperó la posesión de la mercancía tras otro laudo arbitral en base al que también impugnó el convenio con los acreedores) y se atribuye a los socios de la empresa la descapitalización de la misma en su beneficio, aludiendo además a sus vínculos con sociedades radicadas en el extranjero que podrían haberse usado para modificar el activo y pasivo de NMR.

La causa penal que está más avanzada contra ambos socios de la empresa es la que instruye el Juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón por supuesta estafa contra Endesa Generación, al enviarle falsos documentos de órdenes de pago al banco para poder llevarse en 2020 carbón excedente de sus centrales térmicas. La Fiscalía les pide ahí cinco años de cárcel.

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