Comerciantes y hosteleros recibirán un calendario de obras

Un calendario de actuaciones para ocasionar el menor inconveniente posible a negocios y residentes. Bajo esa consigna tuvo lugar una reunión ayer entre el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, el edil de Infraestructuras Urbanas y Rurales, Gilberto Villoria, el gerente de la EMA, Vidal Gago, y representantes del sector comerciante y hostelero de la ciudad. La cita fue una «primera toma de contacto» para ahondar en el plan municipal de mitigar el impacto negativo de las obras en la vía pública. El gobierno local trasladará en las próximas semanas a la Unión de Comerciantes y a la patronal Otea un calendario con las intervenciones previstas, sus plazos y planos.

«Necesitamos conocer con antelación las obras para aportar las necesidades que tengan los comerciantes», reivindicó Carmen Moreno, gerente de la Unión. «Es esperanzador que el Ayuntamiento esté de acuerdo en que esto es un trabajo conjunto que beneficia a todos aunque pueda ser más lento a veces», aseguró Moreno, que remarcó la importancia que tiene para los responsables de los negocios disponer de una planificación. «La gente con información toma decisiones y medidas», indicó. Carmen Moreno ejemplificó con realizar menos compras en un periodo determinado u otorgar vacaciones al personal como potenciales determinaciones a adoptar por los comerciantes. La Unión, una vez posea el calendario de obras, saldrá a la calle para consultar con los afectados. Para la gerente, esta forma de encarar las obras públicas «evitará muchos problemas» para así no tener que indemnizar cuando el perjuicio ya se haya producido.

Durante el encuentro de ayer se abordó el estado de la obra de la calle Cataluña, de la ecomanzana de La Calzada y de la avenida de Pablo Iglesias, así como de la ejecución de futuras intervenciones por el carril bici de Rodríguez San Pedro o la plataforma única de Cimadevilla. Desde el Consistorio subrayaron que el margen de maniobra en obras con fondos europeos detrás es más limitado, dificultando llegar a un consenso.

Inés Álvarez, directora del departamento jurídico de Otea, aseveró que esta comunicación bidireccional era «una petición de hace tiempo» para tener «una previsión de establecimientos hosteleros que se puedan ver afectados». Álvarez, que valoró la «buena predisposición» municipal para ir de la mano en este ámbito, incidió en que las penalizaciones económicas sufridas por las constructoras puedan revertir en los negocios implicados y reducir los agravios. Además, puso sobre la mesa la posibilidad de crear una bonificación en tasas de agua y basuras. El Ayuntamiento tratará de acotar los plazos lo máximo posible y vigilará su cumplimiento. De hecho, endurecerá los castigos a las constructoras que incumplan estos. Asimismo, intentará coordinar medidas en el marco del plan de seguridad y salud que permitan conciliar las obras en las calles de Gijón con la normal actividad de residentes y negocios a través de itinerarios peatonales, pasarelas, vallas, etc.