El empleo es, seguramente, la variable que refleja más que ninguna otra en qué medida una política económica afecta a la gente. Un puesto de trabajo creado es un proyecto de vida que avanza, una esperanza, una voluntad de esfuerzo y superación. Al contrario, un puesto de trabajo suprimido es una tragedia personal, un momento de zozobra, un futuro menos claro.

En el corto plazo, muchas cosas pueden alterar, para mejor o peor, los datos de empleo. Un conflicto social o político que ahuyente turistas y los derive hacia España, una crisis económica en un país iberoamericano que frustre las exportaciones de determinada región, una pandemia mal gestionada que derive en el cierre de muchos comercios y bares. Por eso los datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social son tan volátiles.

Pero si se observa un período más largo, los resultados son más estables y las tendencias se captan mejor. Una posibilidad es comparar el número de ocupados del tercer trimestre de 2020 (últimos datos de la EPA) con el del mismo período de 2008. Es decir, un plazo de 12 años.

Cuando se hace tal comparación, se encuentra que en toda España hubo una caída del empleo de 6,7%. Apenas dos autonomías lograron incrementar la ocupación: Baleares (+6,7%) y Murcia (+0,2%). Madrid (-4,6%) y Andalucía (-5,3%) destacan con descensos más suaves que la media. Lo contrario ocurre en Cataluña (-7,3%), País Vasco (-10,2%) y Galicia (-11%). ¿Y Asturias? El Principado es, por amplia diferencia, la autonomía con peor resultado, con una caída de 18,8%. Una destrucción de empleo que prácticamente triplica la media nacional.

Los datos asturianos son tan malos que hacen parecer buenos los nefastos datos gallegos, que son los segundos peores del elenco autonómico: si en Asturias el número de ocupados hubiese caído un 11%, lo mismo que en Galicia, habría en este momento 36.600 personas trabajando más. Es decir, habría casi un 10% más de personas trabajando. ¿Se imagina el lector Asturias con 36.600 ocupados más?

Esos resultados no son una fatalidad del destino ni pueden atribuirse a la mala suerte. Son la consecuencia de las políticas socialistas. Unas políticas que hacen de Asturias la autonomía con mayor presión tributaria y uno de los Impuestos sobre Sucesiones más caros de Europa. Unas políticas que castigan al que quiere invertir y trabajar, expulsan a los jóvenes y son incapaces de atraer talento. Unas políticas que hacen del empleo público y la subvención lo único que crece.

Entre 2008 y 2020 se esfumaron en Asturias 6.500 empleadores, desaparecieron 20.600 autónomos y perdieron su empleo en el sector privado 69.100 personas. En total, 96.200 creadores de riqueza menos. En cambio, al mismo tiempo, el sector público contrató a 8.100 personas y unas 18.000 empezaron a cobrar el salario social. En otras palabras, 96.200 pagadores de impuestos menos y 26.100 consumidores de impuestos más. Algo insostenible.

Javier Fernández y Dolores Carcedo más que duplicaron la deuda pública asturiana: una subida de casi 2.400 millones de euros (1,3 millones por cada día laborable). Adrián Barbón y Ana Cárcaba (a la que vuelvo a invitar a debatir públicamente conmigo sobre el Impuesto sobre Sucesiones, donde y cuando ella quiera) ya la aumentaron en otros 452 millones (1,2 millones por día laborable). El dúo Barbón-Cárcaba acaba de hacer que la deuda supere los 5.000 millones.

El socialismo no piensa corregir el rumbo. Por el contrario, duplica la apuesta: los presupuestos regionales para 2021 prevén la mayor emisión de deuda pública de la historia (más de 900 millones de euros; 3,6 millones por día laborable).

Es evidente que, con las mismas políticas, los resultados seguirán siendo iguales. Asturias seguirá cuesta abajo. Y así será hasta que los ciudadanos cambien el sentido de su voto o hasta que la realidad se imponga: todo lo que es insostenible, tarde o temprano, cae.