¿Qué pasa en el campo español? El fin del buenismo (2)

Resulta pobre, y hasta vergonzoso. En realidad, abochornante para cualquier persona educada, el nivel del debate político público suscitado en relación con los problemas del campo, puestos bruscamente de manifiesto estos últimos días a lo largo y a lo ancho del territorio español como consecuencia de las generalizadas, por más que confusas, improvisadas y, según parece también desorganizadas protestas agrarias.

Pero, por embrolladas, heterogéneas y aparentemente efervescentes que sean esas protestas, de que hayan sido mal o bien planteadas, y de que exista también un claro y peligroso vacío de representatividad en el medio agrario que, por lo que parece, está siendo aprovechado por plataformas espontáneas de difícil interlocución, y seguramente también por oportunista políticos de toda laya, lo cierto es detrás de esas protestas subyacen problemas muy reales, aunque muy distintos según las zonas de España y que, en todo caso, son expresión evidente de un malestar social agrario generalizado indisimulable, que se ha ido gestando rencorosamente poco a poco, con efectos que seguramente serán de gran calado a medio y a largo plazo.

Un país no puede vivir de espaldas a su agricultura y ganadería y pretender encima que no pase nada. Ese ha sido el lamentable caso de España, donde se está creando a pasos agigantados una España vacía, envejecida y abandonada a sí misma, algo que si bien para muchos buenistas y sedicentes ecologistas supone una bendición ecológica por, supuestamente, devolver la naturaleza a su ser originario, genera verdaderas tragedias y como consecuencia también una cultura de resistencia por parte de quienes viven y quieren vivir en ese espacio vacío cultural y económicamente, donde, en frase de Manuel Pimentel, a la par que el lobo avanza el hombre retrocede.

¿Qué pasa en el campo español? El fin del buenismo (1)

Con independencia de que hayan sido presentados en un totum revolutum mediático con exceso de confusión y de arbitrismo, esos problemas deberían haber sido ser objeto de análisis serios y, en su caso, de exploración de alternativas rigurosas por parte de los partidos políticos y de los gobiernos, que fuesen factibles tanto en el marco autonómico, como en el nacional y en el comunitario, que a los tres afectan la mayor parte de las situaciones problemáticas que se denuncian o que se impugnan.

Seguramente la causa ultima de la penuria intelectual, de razonamientos y de alternativas rigurosas por parte de los estratos políticos españoles tiene bastante que ver con la constricción general del actual debate político español, afectado hasta el máximo hastío y desapego social por el chapoteo en la mugre de la amnistía y sus enredos concomitantes, que han determinado que los problemas reales del país, esto es, las cuestiones verdaderamente sangrantes que afectan directamente a los ciudadanos y que exigirían medidas urgentes, bastantes de ellas de largo recorrido, complejas y necesariamente consensuadas en lo que sería autentica y positiva acción de gobierno, se vean relegadas, atascados como están los actores políticos por politiquerías leguleyas y rabulesca, certámenes de insultos y campeonatos de tosca ingeniosidad.

Desde luego, para analizar adecuadamente la situación lo primero y más necesario es separar el polvo de la paja, aislar cada problema y cada malestar en su contexto.

Por parte de bastantes responsables políticos españoles y algunos asturianos) se ha convertido en lugar común achacar, con cierto desparpajo y no escaso tancredismo, la mayor parte del malestar agrario al exceso de burocracia bruselense, pero lo cierto es que de ese mal también participan las burocracias nacional, local y autonómica.

En definitiva a todos ellos afectan los efectos de los controles administrativos (y morales) excesivos; lo engorroso de la tramitación de las ayudas de la PAC; las continuas imposiciones buenistas, supuestamente ambientalistas o ecologistas, proteccionistas hasta lo estrafalario de la fauna salvaje y domestica; el avance imparable de la cultura urbanita sobre el territorio; el menosprecio de la actividad agraria y los elevados costes de producción y los bajos precios de los productos de la tierra .

También algo tienen que ver con las dificultades de financieras generadas tanto por el mayor precio de la energía, como por la reciente e importante subida de los tipos de interés, en un marco de masiva adquisición de costosa maquinaria e instalaciones, a lo que se unen las enormes dificultades del empleo agrario para las pequeñas y medianas explotaciones, que ha sido severamente alterado por la súbita y , seguramente muy poco meditada subida del salario mínimo en un casi 50% en dos años, que ha obligado a muchos campesinos a prescindir de empleados o a no encontrarlos, lo que conlleva la imposibilidad de descansos, de vacaciones y de cualquier seguridad en el futuro.

Todo ello es cierto, pero también hay que poner de relieve la férrea voluntad de las Instituciones Comunitarias, aceptada sin más hasta ahora por los gobierno nacionales y autonómicos , de imponer unas reglas en el mercado agroalimentario europeo regidas por la ley del más fuerte, (y en determinadas áreas, los más fuertes han sido los españoles, en concreto, en verduras), y esa ley no tiene en cuenta las distintas condiciones y singularidad de cada territorio español, ni las condiciones de que partía cada zona de España al momento del ingreso en la Comunidad Económica Europea, lo que se nota especialmente y se hace critico cuando vienen tiempos malos y de vacas flacas.

En tiempos de vacas flacas cada colectivo agrario de Europa busca amparo y protección en sus gobiernos nacionales ya sea por las buenas o por la malas.

Eso es lo que han hecho los agricultores franceses alzándose violentamente contra determinados productos españoles , exigiendo mayor protección del Gobierno francés para los suyos, y callando, obviamente, todo aquello que tiene relación con las producciones galas que se benefician y mucho de la situación del más fuerte y de la inicial ventaja que obtuvieron sobre los españoles al momento de nuestra entrada en la CCEE, en concreto , las del sector lácteo, donde la industria francesa ha alcanzado una situación de absoluto predominio, a veces mediante prácticas non santas , como las que recientemente ha puesto al descubierto el periódico "Les Jous", en relación con la poderosa Lactalis.

Los agricultores españoles que se han tirado a las carreteras de forma bastante primaria y sin objetivos muy claros en definitiva lo que han intentado hacer es copiar a los franceses y exigir in genere el apoyo, la protección de sus gobiernos nacional y autonómicos para poder situarse en mejores condiciones dentro del duro, implacable mercado agroalimentario europeo.

La verdad es que, aunque los problemas de la agricultura, de la ganadería y, en general, de la industria agroalimentaria son globales, y por tanto tiene toda lógica la hegemonía regulatoria que sobre el sector tienen las instituciones comunitarias, no se pueden despachar sin más diciendo que corresponde su tratamiento en exclusiva o principalmente a la Comisión Europea. Ciertamente con soluciones parciales de carácter local, no se podrán abordar las cuestiones de fondo, pero sin actuar localmente tampoco se podrá hacer nada efectivo.

Los gobiernos de aquí tienen mucho, mucho, que decir y hacer al respecto. Y no podrán escapar de sus responsabilidades, aunque lo intenten. El malestar existe, el mar de fondo que lo provoca tiene razones que deben tomarse muy en serio y ningún gobierno razonable (ni tampoco la oposición) puede dejar a los agricultores, poco más de un millón en toda España tirados, pues aunque proporcionalmente son pocos, es decisiva su aportación a la vida en común, a la seguridad de los españoles.

Así, por ejemplo, en un momento de sequía que afecta a buena parte del Sur y el levante en un contexto de elevadísimos consumos de agua urbanos e industriales que, evidentemente, en esto compiten duramente con el cada vez más extendido regadío, por más que este se haya racionalizado bastante, los problemas habrá que situarlos en la gestión pública española del agua, lastrada cada vez más por la inexistencia de un Plan Hidrológico Nacional, que no pueden hacer las Instituciones Comunitarias, sino los gobiernos españoles.

Y, también, por ejemplo, es obligado tomar aquí, en Asturias, en Cantabria, en Galicia, medidas de carácter estructural, urgentes, drásticas, para que los ganaderos del norte de España, y por supuesto, los de Asturias puedan competir seriamente y tener futuro, superando de una vez por todas las evidentes desventajas originarias que tenía el sector agrario asturiano en el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Económica Europea.

Hoy gracias a los precios que paga la Central Lechera, entre los mas altos de Europa, muchos ganaderos asturianos aguantan bien la crisis, (no así los gallegos) pero otros muchos no, y desde luego hacen falta muchas más medidas que meramente paliativas o de mejora de los servicios público en el campo para garantizar el futuro del sector y dar salida al malestar que ha inundado carreteras, calles y plazas. Y eso requiere un tratamiento especial, especifico y urgente.

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