El Ayuntamiento de Ponga se salta a la Junta Electoral y celebra una comida prohibida

El Ayuntamiento de Ponga, gobernado por el PSOE, ha celebrado este sábado, día de reflexión, una comida por la igualdad abierta a todos los vecinos del concejo, que había sido prohibida por la Junta Electoral Provincial veinticuatro horas antes. El PP ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, y lo hará en las próximas horas ante la Junta Electoral, al considerar la celebración una "falta grave, un acto electoral que no se puede disimular, realizado incumpliendo una orden judicial", ha señalado el candidato local de los populares, Constantino García. Este periódico intentó sin éxito obtener la versión de la alcaldesa de Ponga, la socialista Marta Alonso.

El caso tiene su origen en la denominada "Comida Popular por la igualdad", que el Ayuntamiento de Ponga celebra cada año. En un primer momento, estaba prevista para hace una semana, pero el mal tiempo primero y una excursión después acabaron llevando a las autoridades locales a posponer la jornada hasta este sábado.

El PP consideró desde el primer momento la convocatoria un acto electoral, por lo que presentó una denuncia en el Juzgado de Cangas de Onís. La iniciativa fue rechazada en esa primera instancia, pero el PP recurrió a la Junta Electoral, que emitió este viernes una resolución en la que dio la razón a la formación denunciante, al establecer la Ley Electoral que no es una "actividad imprescindible para la salvaguarda del interés público o para el adecuado desenvolvimiento de los servicios públicos", por lo que no cabe durante la jornada de reflexión.

Una de las consideraciones de la Junta Electoral fue que la comida estaba subvencionada por el Ministerio de Igualdad, "motivo por el cual su realización no podrá llevarse a cabo el día de reflexión por suponer una infracción a las limitaciones que para los actos de campaña electoral prevé el artículo 53 de la LOREG".

Según el PP, la Alcaldesa trató de encubrir el presunto delito electoral, determinando que la comida sería pagada por los comensales, en vez de por el Ministerio. Pero el PP considera que se trata de un subterfugio, pues la comida fue en realidad "un acto puramente de campaña".

"Las campañas tienen que ser limpias. Saltarse una orden judicial me parece mal. Las leyes son claras y concisas y el pago 'a escote' no deja de ser un intento de sortear la ley", ha señalado Constantino García, quien ha destacado asimismo que la comida se celebró "en una propiedad municipal", en la localidad de Sellañu, y que además estaba anunciado que habría taxis que recogerían a los vecinos interesados en acudir a la celebración en los distintos pueblos del concejo. Ayer, agentes de la Guardia civil comprobaron que la comida se celebró "y que al frente estaba la Alcaldesa", ha destacado el PP.