Oviedo, Félix VALLINA
Después de años de intensos debates políticos y sociales, centenares de titulares en los periódicos y más de dos millones de euros de inversión para poner en marcha el proyecto, la incineradora de Serín es ahora mismo papel mojado, y el futuro de la gestión de los residuos de los asturianos, toda una incógnita. Lo único que está claro es que el vertedero ubicado en las instalaciones de Cogersa estará lleno en 2015 y que Asturias tiene que buscar una solución urgente para determinar qué hacer con las basuras que no se pueden reciclar al menos entre tres y cinco años después de esa fecha límite si es que al final se opta por construir el horno, algo que aún no está del todo claro.
No en vano, la redacción del nuevo plan de residuos contratada por el Gobierno regional -después de que una decisión judicial paralizase la incineradora al considerar que no tenía sustento legal por no existir en la región un plan vigente que la incluyese- tardará en estar lista al menos 13 meses y, en el caso de que recoja una incineradora, ésta tardaría hasta 72 meses en comenzar a funcionar, entre trámites y obras de construcción. Además, si el tamaño de la planta elegida por el nuevo Gobierno de Foro no tiene las mismas características que la que se planteaba hasta ahora, habrá que rehacer los pliegos de adjudicación, que se habían hecho para una instalación con capacidad para quemar 420.000 toneladas de residuos anuales.
El contador está a cero y el tiempo se ha echado encima, por eso Cogersa se plantea ya elaborar un «plan puente» donde se determine qué alternativas tiene Asturias para la gestión de los residuos durante todo ese tiempo. Las opciones están abiertas y serán analizadas en busca de la mejor alternativa. Una de ellas sería, por ejemplo, sacar las basuras para que fueran tratadas fuera de la comunidad, aunque, según los expertos, eso supondría un alto coste económico. Es el caso que se está viviendo actualmente en Guipúzcoa. Tras la clausura del vertedero de San Marcos (San Sebastián), sus municipios llevan tiempo enviando los residuos a Vizcaya a cambio de albergar la incineradora de Zubieta -que ahora, con la entrada en el Gobierno de Bildu, también está parada-, algo que supone «un derroche de dinero constante», en opinión del portavoz de la Comisión de Medio Ambiente del Grupo Socialista de Guipúzcoa, Mikel Durán. «Si no se soluciona esto pronto puede ser fatal, por el momento los ciudadanos ya pagan entre un 5 y un 10 por ciento más por la gestión de las basuras», señaló Durán.
El coste para los guipuzcoanos es alto a pesar de tratarse de operaciones que se realizan dentro de una misma comunidad autónoma y con convenios «amistosos», pero el precio podría ser aún superior si se hace entre dos comunidades distintas. León tuvo que traer durante un tiempo sus basuras a Asturias al llenarse su vertedero y tuvo que pagar por su falta de previsión en la gestión de las basuras. Además, Mikel Durán asegura que el traslado de los residuos «es mucho más peligroso para el medio ambiente que la instalación de una incineradora».
Otra de las alternativas del llamado «plan puente» para las basuras asturianas sería ampliar el actual vertedero, o también cabría la posibilidad de habilitar algún otro depósito en Asturias, una alternativa que probablemente enfrentaría al Gobierno regional con los vecinos de los ayuntamientos que resultasen elegidos. No es fácil encontrar algún concejo que esté dispuesto a albergar las basuras del resto de los asturianos. En este sentido, una vez más, brilla la solidaridad demostrada por los vecinos de Campañones, el pueblo corverano que está más cerca del vertedero de Cogersa.
Informes favorables
Las inversiones para valorar la viabilidad del proyecto de la incineradora y para determinar que era la solución idónea comenzaron hace más de seis años, con los primeros estudios que se encargaron a diferentes entidades para elegir el mejor modelo para tratar las basuras de Asturias una vez se sellase el vertedero central. Los citados estudios rondaron los 800.000 euros de coste. El controvertido proyecto -rechazado por Izquierda Unida (IU) y los ecologistas- recibió por ejemplo el impulso de un estudio multidisciplinar encargado por la Consejería de Medio Ambiente a la Universidad de Oviedo, coordinado por José Coca Prados, catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo, y con la colaboración de expertos de las universidades de Valladolid, Santiago de Compostela y Leuven (Bélgica).
El extenso documento elaborado por los especialistas concluyó que la mejor solución para el tratamiento de aquellos residuos que no pueden ser reciclados es, sin duda, la incineración. Además, los catedráticos insistieron en que éstas instalaciones no suponen riesgos para la salud.
