No hay tiempo que perder. El Gobierno central apremia a las autonomías para que metan tijera en su sector público. En Navacerrada, junto al ex presidente Aznar y en un acto de la fundación FAES, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría emplazó ayer a las comunidades a que procedan de inmediato al cierre de empresas dependientes de las administraciones regionales, tal y como, según indicó, ya está haciendo el Ejecutivo de Rajoy con las suyas. «Las administraciones tienen que hacer más con menos. El Gobierno central ha aprobado la desaparición de 80 empresas públicas. Sin embargo, la inmensa mayoría de las 4.000 empresas públicas son autonómicas y, por eso, las comunidades tienen que reproducir el esfuerzo», subrayó la Vicepresidenta.

En Asturias, donde todavía no se ha tocado el sector público, el Gobierno regional reaccionó ayer al emplazamiento de Sáenz de Santamaría recordando que, en su investidura como presidente, Javier Fernández se comprometió a reordenar un conglomerado empresarial integrado por 72 entidades y en el que trabajan unas dos mil personas. El Ejecutivo incide en que su plan de ajuste, que ha recibido numerosas críticas por escasa concreción, incluye medidas al respecto. Son la revisión del objeto social de la empresa Serpa, la reordenación de los instrumentos de promoción, la supresión del Instituto de Estadística, la enajenación de la participación en Sedes y en otras sociedades cuya identidad no precisa y la reducción de las aportaciones al ente público de comunicación (RTPA). El Principado estima que las medidas del plan de ajuste, incluyendo las del sector público, garantizan el objetivo de déficit.

Los grupos parlamentarios asturianos, salvo IU, comparten la necesidad de adelgazar la nómina de empresas dependientes de la Administración autonómica, aunque sin entrar en demasiados detalles de cómo hacerlo y hasta qué punto llegar. Foro Asturias, al inicio de su etapa al frente del Ejecutivo, colocó la reforma del sector público entre sus grandes objetivos, fijándose en Sedes y en la RTPA especialmente. Sin embargo, dejó en herencia a Javier Fernández las mismas entidades que recibió de Vicente Álvarez Areces. La dirección del PP abogó ayer por una reducción notable del número de empresas para hacer «más con menos sin perder profesionalidad ni eficacia».

«En las condiciones actuales, solo se puede malvender», señaló el flamante coordinador regional de la coalición, Manuel González Orviz, quien pidió que «no se demonice al sector público, porque todas las empresas cumplen una labor y, alguna de ellas, social». Por su lado, Ignacio Prendes, de UPyD, considera evidente que hay que recortar el sector público, «empezando por las duplicidades y por aquellas entidades que no se justifican con el servicio público».

Sáenz de Santamaría también anunció ayer en Navacerrada que el Gobierno central va a fijar baremos para los sueldos de los alcaldes y los concejales, y que, además, las retribuciones serán públicas.