Oviedo, Álvaro FAES
La Junta General del Principado dio ayer al Gobierno regional el visto bueno para que la maquinaria de inversión en obras públicas eche a andar de nuevo tras el parón que provocó la prórroga presupuestaria y el consiguiente bloqueo de las inversiones. Aunque sólo 164 millones del crédito de 423, cuya solicitud autorizó ayer el Parlamento, irán destinados directamente a trabajos ya iniciados, el Ejecutivo logra con el endeudamiento poner en marcha de nuevo el ciclo económico de inversiones. El resto, 259, tendrá como finalidad satisfacer distintos conceptos pendientes, como la amortización de deudas, cubrir el saldo de activos financieros o financiar el saldo negativo de los ejercicios de 2008 y 2009.
El texto de la ley, que incorporó una enmienda del Partido Popular, se aprobó con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto Foro, que se expresó en contra de un endeudamiento que ya habían propuesto cuando estaban en el Gobierno, aunque por 486 millones. En aquella ocasión, ya con la Cámara disuelta y en situación de Diputación Permanente, el letrado mayor de la Junta informó en contra de una ley que no podría debatirse (no había Parlamento) y para la que el Ejecutivo de entonces no especificaba el destino del dinero, lo que motivó la negativa de socialistas y populares.
Este último argumento utilizó ayer para justificar el rechazo de su grupo la diputada Teresa Alonso, que puso voz al partido de Álvarez-Cascos. Declinó entregar «un cheque en blanco al Gobierno» y lamentó que no quedasen especificadas las partidas dedicadas a cada obra.
La enmienda del PP que se incorpora al texto de la ley obliga al Gobierno a dar cuenta mensualmente del grado de ejecución de la prórroga presupuestaria.
No se aceptaron las peticiones de Foro y del PP -ambas iban en el mismo sentido- que solicitaban que el anexo informativo que el Gobierno acompañó al proyecto de ley se añadiese al texto definitivo. Estas enmiendas habían sido objeto de un informe negativo por parte de los servicios jurídicos del Parlamento.
El Gobierno se encuentra en plena negociación para lograr que la financiación del crédito llegue directamente desde las entidades bancarias y no del fondo estatal de financiación, del que el Ejecutivo cree que podrá zafarse, aunque calculan un período de dos meses para cerrar el acuerdo, probablemente con varias entidades financieras.
Los 264 millones que faltan hasta los 426 presupuestados para inversiones (los 3 millones de diferencia entre esta cifra y el crédito responden a cuestiones técnicas, algunos intereses y ciertos retornos que suponen algunas obras) llegaran, según el Gobierno, desde el apartado de «ingresos de capital», que, entre otros aspectos, puede materializarse con aportaciones de particulares.
Este concepto encajaría con la sugerencia que hace algunas semanas lanzó el Gobierno relativa a la posibilidad de que las empresas se hiciesen cargo de la financiación de las obras públicas. Inicialmente, el presidente de la patronal, Severino García Vigón, se mostró contrario a esta posibilidad, aunque suavizó su postura tras la reunión que mantuvo con el presidente del Principado, Javier Fernández.
