Rajoy urge a un pacto sobre los desahucios

Tras la promesa de la patronal de los bancos y de la Conferencia Española de Cajas de parar dos años los desahucios en casos de «extrema necesidad», y con la primera reunión entre el Gobierno y el PSOE cerrada sin acuerdo tras seis horas de conversaciones, el Gobierno de Rajoy aumentó ayer la presión sobre los socialistas para que acepten la propuesta del Ejecutivo. El portavoz popular en el Congreso, Alfonso Alonso, emplazó al PSOE a llegar «cuanto antes» a un acuerdo sobre los desalojos. «Hay un reloj en marcha, que tiene una fecha que es el jueves -por mañana, con vistas a tramitar los acuerdos en el Consejo de Ministros-; no podemos demorar la adopción de decisiones», aseveró. Al otro lado de la mesa, fuentes del PSOE aseguran que están dispuestos a llegar a un acuerdo, «pero no a cualquier acuerdo». Ambas partes seguían reunidas al cierre de esta edición, con el cambio de la ley Hipotecaria como punto de fricción.

Los socialistas quieren que la moratoria aprobada por los bancos no se limite a «situaciones extremas», sino que se amplíe, dejando claros los «umbrales de exclusión». El PP, explican, defiende una postura muy cercana a la medida ya anunciada por los bancos, y defiende un pacto «urgente», dejando para una negociación posterior cambios en la ley Hipotecaria para los que el PSOE les exige un compromiso inmediato.

A la espera de un acuerdo que ponga fin al drama social de los desahucios, los grupos políticos en el Principado estudian de qué forma pueden paliar, en Asturias, las consecuencias de los desalojos. A las medidas que, según fuentes próximas, prepara el Gobierno regional, se suman las propuestas del resto de grupos parlamentarios. Muchas de ellas, encaminadas a favorecer que las familias que pierdan su vivienda puedan acceder a un alquiler social.

Aunque tanto IU como Foro y UPyD afirman que lo fundamental es que el Gobierno central legisle para que la entrega de la vivienda sirva como pago de la deuda, la diputada de IU Marta Pulgar afirma que es urgente modificar las normativas «hipotecaria, civil y procesal» relacionadas con los desahucios. «Todas son de competencia estatal», reconoce, «pero pueden elevarse propuestas al Ejecutivo central». Lo que sí pueden hacer las autonomías, precisa, es «dar respuesta a las necesidades de las familias a través de su parque público de vivienda». Una idea similar a la que, estos días, estudia el PP. La idea es, en ambos casos, localizar las viviendas públicas vacías y sin reparar -según Pulgar, puede haber unas «300 o 400», sobre un total de casi 10.000-, y utilizarlas para alojar, mediante alquiler social, a las familias que han perdido su casa.