La familia del exlíder minero José Ángel Fernández Villa se aferra a la estrategia del silencio. La esposa y los dos hijos del exsecretario general del sindicato SOMA-UGT y pieza clave del PSOE asturiano durante tres décadas se acogieron a su derecho de no declarar ante la comisión de investigación abierta por la Junta General del Principado y, de paso, no despejaron las interrogantes acerca del origen de los 1,4 millones que permanecieron ocultos hasta la amnistía fiscal de 2012. La comparecencia del que fuera su lugarteniente en el sindicato minero y expresidente del Montepío de la Minería, José Antonio Postigo, tampoco aportó nada, ya que no contestó a las preguntas formuladas por los grupos políticos del parlamento asturiano aunque, ya fuera de la Junta, aseguró que cuando avance la comisión dará nombres y apellidos de los políticos y sindicalistas que le han presionado desde que trascendió este caso.
La puesta en escena de las comparecencias se ciñó al guión previsto, sobre todo después de que el pasado jueves la esposa de José Ángel Fernández Villa comunicase que el exsindicalista no estaba en condiciones en dar explicaciones ante la Junta General y presentase un informe médico, firmado por un neurólogo del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se decía que no podía responder a preguntas para las que requería tener intactas sus facultades intelectuales.
"Dado que la comisión de investigación ante la que comparezco tiene por objeto la actividad y patrimonio de mi esposo, José Ángel Fernández Villa, me acojo a la dispensa de la obligación de declarar establecida en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Asimismo en cualquier caso me acojo a mi derecho de no declarar y, por consiguiente, no contestaré las preguntas que se me formulen". Tanto María Jesús Iglesias como sus hijos Rolando y Ángela Fernández leyeron este texto, idéntico -con la salvedad de que precisaban su parentesco- para luego guardar silencio ante las preguntas que les formularon los diputados Ignacio Prendes (UPyD), Fernando Goñi (PP) y Teresa Alonso (Foro) ya que Luis Álvarez Payo (IU) optó por que sus cuestiones constaran por escrito y Vicente Herranz (PSOE) no interrogó a los comparecientes.
El expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, también se negó a contestar las preguntas que, ya por la tarde, le hicieron esos diputados. El que fuera "número dos" del SOMA y posteriormente máximo responsable del Montepío, entidad para la que contrató al hijo de Fernández Villa, se limitó a agradecer "el talante" de los diputados con sus preguntas aunque puertas afuera de la comisión se mostró bastante más locuaz. "Yo no puedo ir en contra de los intereses míos", declaró Postigo, quien aseguró que por ahora no le han citado "ni la Fiscalía ni Hacienda".
Los populares hablan de "tomadura de pelo" e IU sostiene que "la sospecha es aún mayor"
Las palabras de Postigo ante los medios rompieron la monotonía del arranque de las comparecencias, marcado por los silencios a todas y cada una de las interrogantes planteadas por los diputados sobre el origen del dinero que Villa y su familia regularizaron ante Hacienda, sobre el blindaje que el hijo del ex líder sindical tenía en su contrato con el Montepío, o sobre la adjudicación de las obras del macrogeriátrico La Minería, en Felechosa, una obra que está en el epicentro de la sospecha desde que trascendió la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a José Ángel Fernández Villa.
El expresidente del Montepío aseguró ayer que hablará "cuando acabe la comisión, según vaya avanzando, para dar los nombres y los apellidos de los que me presionaron". Postigo aseguró, justo a las puertas de la Junta que "no estoy fuera de la ley" y precisó que, meses después del inicio de las investigaciones "puedo salir del país, ir por ejemplo a Bélgica, me puedo ir donde quiera" tras insistir en que no ha sido citado para prestar declaración por la Fiscalía Anticorrupción o Hacienda. "Me tocó defender la democracia; a otros no porque se ponían del otro lado de la trinchera", manifestó Postigo en presencia de su abogado, el gijonés José Joaquín García Fernández. Su hija, Patricia Postigo, también se presentó a la comisión de investigación acompañada de un letrado, Alberto Fuente, y se negó a declarar sobre su contrato en el Montepío "porque hay pendiente un juicio por el despido" y sobre la regularización fiscal de su padre porque "soy totalmente independiente y no soy conocedora de dato alguno". Tampoco respondió a las preguntas de quién la asesoró para regularizar ante Hacienda 50.000 euros en 2012. La primera sesión de comparecencias terminó como empezó, con el silencio y la callada por respuesta de la pareja de Postigo, Dorina Bicher, también contratada por el Montepío.
Los miembros de la comisión parlamentaria no ocultaron su descontento con tanto silencio. El diputado popular Fernando Goñi fue el más duro al sostener sin ambages que "algunos quieren tomarnos el pelo a todos" tras lamentar en alguno de sus turnos que "no merece la pena preguntar a quien no quiere responder". Para Luis Álvarez Payo, de IU, "esta parlamento merecía alguna aclaración" porque tras los silencios de ayer "se mantienen las incertidumbres y la sospecha es aún mayor". A juicio de Teresa Alonso (Foro) "se ha perdido una oportunidad de oro" de aclarar el origen del dinero de Villa y Lastra dijo "lamentar" la falta de respuestas de los comparecientes aunque dijo que esa estrategia no eran para él "ni una sorpresa ni noticia". Por su parte, el secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, calificó de "burla" y "falta de respecto" la incomparecencia de Villa.
El presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio Prendes (UPyD), confirmó el acuerdo por unanimidad de todos los partidos para que la Junta comunique a la Fiscalía la incomparecencia de Villa al objeto de que el Ministerio Público decida si el exsindicalista ha incurrido en desobediencia. Eso tras la discusión previa, a puerta cerrada, de si la Junta debía interesar ante la Fiscalía la declaración de incapacitación de Villa, una iniciativa que, finalmente, no prosperó.
Por otra parte, fuentes de la Agencia Tributaria anunciaron que el delegado especial en Asturias, José Ignacio Rollán, no comparecerá ante la Junta porque ni Villa ni Postigo eran altos cargos y tampoco facilitará la información patrimonial y tributaria que ha pedido el parlamento asturiano por idéntico motivo. La Agencia Tributaria entiende que "no puede dar por ley esa información".
