La operación llevada a cabo ayer por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción no cogió por sorpresa a los actuales dirigentes del Montepío de la Minería. O al menos eso afirmó su presidente, Juan José Pulgar, quien aseveró que "los informes técnicos y las auditorías algo dicen. La Justicia tiene sus tiempos, pero uno siempre espera que haya conclusiones. Esto tenía que llegar". También insistió en el empeño "en defensa de la mutualidad", evidenciado con la "intensa colaboración" mantenida con Anticorrupción. El SOMA también salió ayer al paso mostrando su solidaridad con el Montepío y deseando que, si se confirman los supuestos delitos, "quien la haga, que la pague".
Los teléfonos de los responsables del Montepío quemaban ayer por la mañana. Todos hablaban con todos y todos buscaban de dónde obtener información. Pero como dijo Pulgar, "hay lagunas informativas e incluso contradicciones que dificultan saber exactamente lo que está pasando". Eso sí, insistió en que "el sumario es secreto y no conviene ir más allá de lo que la prudencia aconseja". Aún así, el presidente del Montepío quiso despejar cualquier duda sobre el papel jugado por la institución: "Si hay un cáncer hay que radiarlo; se tiene que saber y acabar con él".
El Montepío de la Minería envió a la Fiscalía Anticorrupción hace sólo diez días una nueva auditoria referente a la construcción del geriátrico de Felechosa. Se trata de la tercera elaborada en el marco de los trabajos encargados a la comisión interna de investigación, constituida por la propia institución con el fin de aclarar la utilización de los fondos económicos de la entidad y el presunto fraude que la anterior dirección pudo cometer con las obras de construcción de la residencia geriátrica de Felechosa.
Pulgar insistió en destacar la "intensa colaboración" que la entidad ha mantenido con la Fiscalía Anticorrupción para el esclarecimiento de los hechos, con varias entrevistas desde que se inició la investigación en octubre de 2014 y la elaboración y entrega de informes técnicos y auditorías pagadas por la propia entidad.
Ya en aquellas fechas se decidió la expulsión del Montepío del que había sido su presidente, José Antonio Postigo, investigado en esta causa, igual que el exlíder minero José Ángel Fernández Villa, por presuntos delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, delitos societario por apropiación indebida, contra la hacienda pública y también posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
El Montepío también retiró la medalla de oro a Villa, además de interponer varias demandas civiles contra el constructor de la residencia de Felechosa por defectos en las obras.
El SOMA, cuyas denuncias sentarán en el banquillo de los acusados a Villa y al exresponsable de la fundación Infide, Pedro Castillejo, por presunta apropiación indebida, también se posicionó ayer sobre la operación de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción. Al igual que la dirección del Montepío, la comisión ejecutiva regional del sindicato minero indicó ayer que "no permitiremos que nadie ponga en duda que somos nosotros quienes tenemos el máximo interés en el esclarecimiento de los hechos ocurridos". La cúpula del SOMA mostró su esperanza en que "la Justicia haga su trabajo y quien la haga, que la pague".
