La propuesta de gasto, tramitación, gestión y adjudicación de las obras de los fondos mineros corrieron siempre a cargo de las administraciones públicas. Hubo una excepción: el convenio de la obra del geriátrico del Montepío de la Minería, en Felechosa, con un presupuesto de 31 millones de euros. Una obra puesta en entredicho por el presunto enriquecimiento ilícito de dos de sus impulsores, el expresidente del Montepío, José Antonio Postigo, y el exlíder del SOMA, José Ángel Fernández Villa.

El proyecto de la gran residencia allerana tomó forma a mediados de la pasada década. Había un problema: una entidad privada como es el Montepío no podía gestionar directamente los fondos mineros. Nunca se había hecho. Esto cambió en marzo de 2009, cuando en una subcomisión de reactivación del Plan de la Minería 2006-2012 se dio el visto bueno a una orden ministerial que modificaba el reglamento de estas ayudas. Es decir, una orden directa del Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero permitió otorgar fondos mineros a un proyecto no gestionado por las administraciones públicas. Fue la primera y la única vez, ya que si bien desde hacía muchos años se daban subvenciones a empresas, éstas tenían que cumplir una serie de criterios de inversión adicional y sobre todo, de generación de empleo.

La decisión del Gobierno socialista de Zapatero contó, en todo caso, con el visto bueno de los sindicatos mineros, el SOMA y CC OO. Tampoco se opuso el Principado. El argumento para permitir este caso singular fue, sobre todo, el de la creación de empleo. Una vez otorgadas las ayudas, el Montepío, con Postigo al frente, ya pudo gestionarlas a su voluntad. Aún así, no era fácil meter mano en la caja del dinero. En su pago y fiscalización intervenían varias administraciones públicas, con sus respectivos interventores. También había que justificar debidamente el dinero gastado. Ahí es donde ahora se está investigando.