Ciertamente, el Ayuntamiento de Gijón no tiene por qué embarcarse en un plebiscito popular para determinar la revisión de un plan de urbanismo vapuleado en los tribunales. Pero deberían los munícipes ser sensibles, en este momento, a la opinión ciudadana en el diseño del futuro de la ciudad. La nueva legislación de suelo llama a una participación ciudadana más activa en el desarrollo urbanístico, en la decisión de determinar el cómo, el cuándo y el dónde deben surgir o desarrollarse los asentamientos urbanos. En un contexto en el que la vida de la ciudad se mide cada vez con más frecuencia en términos económicos, el urbanismo tiende a convertir al ciudadano en cliente, más que en actor del futuro del territorio en el que va a pasar sus días. El urbanismo no es sólo cuestión de normas, ni una suerte de despotismo ilustrado que propugna un alegato de todo por la ciudad y para la ciudad pero sin los ciudadanos. No olviden, como apuntaron los clásicos, que el aire de la ciudad nos hace libres.
