Miembros del 15-M denuncian en el Juzgado la retirada de su carpa

Una noche se fueron a sus casas y a la mañana siguiente se encontraron con que su tenderete de la plaza Mayor ya no estaba. Varios miembros del movimiento 15-M de Gijón interpusieron ayer una denuncia en el Juzgado de guardia de Gijón para que se investigue y busque a los responsables del desmantelamiento de su carpa informativa de la plaza Mayor por parte de la Policía Local y de los operarios de la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa).

Los denunciantes, Zoraida González, Xaime Aranda y José Antonio Cabal, entienden que su desalojo de la plaza Mayor está injustificado pues se produjo el 23 de noviembre y tenían el permiso de la Delegación del Gobierno para quedarse hasta el 25, como acredita la documentación que presentaron en la demanda. Asimismo, denuncian la desaparición de enseres y documentos personales, así como de materiales que les pertenecían y que estaban en la carpa, cuyo fin era difundir información antes y después de las pasadas elecciones generales.

«Tras ver que no estaba la carpa en la plaza Mayor y saber que la había quitado la Policía Local, fuimos a sus oficinas a recoger nuestras pertenencias, pero no estaba todo, sino más bien poco. Después nos dirigimos a las instalaciones de Emulsa y vimos algunas de nuestras cosas, ya irrecuperables, en los contenedores», relata Aranda. Tanto él como los otros denunciantes exponen en la denuncia sus pertenencias perdidas, tales como sacos de dormir, documentación con datos personales, esterillas y la lona que cubría la carpa, entre otras cosas.

Se quejan además de que no fueron avisados de la intención de desalojarlos. «En ningún momento se nos informó», asegura Zoraida González. José Antonio Cabal va más allá. «Incluso gente de la Policía Nacional nos avisaba de que nuestro permiso estaba cerca de caducar por si queríamos renovarlo», cuenta Cabal. Ahora piden que se investiguen los hechos, «por poder constituir infracción penal». Para ello, solicitan que se busque a los responsables. Aunque sus sospechas recaen sobre el gobierno municipal.