Peor que mal ha sentado entre la representación sindical del personal municipal la decisión de la Alcaldía de sufragar con 10.890 euros de las arcas municipales una asistencia legal privada para que el jefe de la asesoría jurídica interponga una querella contra el líder del PSOE. Los sindicatos consideran evidente que el derecho a la defensa que tienen regulado los funcionarios no puede extenderse a los cargos directivos, como entienden es la situación actual de Abelardo Rodríguez pese a ser funcionario municipal. Y se muestran molestos al comparar esta situación con anteriores negativas en la asistencia jurídica, por ejemplo, a policías locales, que tiene ese derecho reconocido.

Rodríguez es funcionario del Ayuntamiento desde hace un cuarto de siglo pero en 2012 fue elegido por el gobierno de Foro Asturias como jefe de esa asesoría jurídica. Sus informes y sus retribuciones han sido motivo de polémica en más de una ocasión y, ahora mismo, su puesto está en el epicentro de un doble proceso judicial que traslada la vida política local a los juzgados.

"Es absolutamente impresentable jugar así con el dinero de los gijoneses. Es un escándalo que lo pida y un escándalo que se lo den. Si tienen problemas con alguien, que los arregle; pero que se pague él la demanda.", sentenció ayer Rubén Medina en nombre de CCOO. Medina, además, entiende que "la cuantía de la minuta nos parece exorbitante y demencial" y rechaza que se ampare el caso de Rodríguez en el derecho a defensa del funcionario que se establece en la ley de Bases de Régimen Local y en el propio acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados municipales.

Y es que, como ayer resaltó Jorge Suárez, en representación de UGT, "los puestos directivos están expresamente excluidos del convenio". Suárez calificó de "escandaloso" el coste económico de esa asistencia al jefe de la asesoría jurídica "cuando la asesoría jurídica mira con lupa cada minuta que se le pasa". Para el portavoz de UGT en el Ayuntamiento de Gijón debería ser el Pleno quien regule la posibilidad de que los cargos directivos del Ayuntamiento tengan asistencia jurídica pagada al igual que es el Pleno quien regula las retribuciones de estos mismos cargos.

Desde los sindicatos se considera que Moriyón acaba de poner en marcha una dinámica perjudicial y complicada en las relaciones con el personal municipal. "Dar asistencia jurídica a un directivo no tiene sentido", explica Mario Fernández del Sipla, para quien es necesario analizar el motivo de la demanda y su vinculación con el desempeño de las funciones del empleado. Carlos Blanco, de Usipa, también entiende que esta actuación del Ayuntamiento de Gijón "no es normal y por eso se busca amparo legal en el Estatuto Básico del Empleado Público". Tampoco ve razonable Blanco que se fije de antemano la cifra económica a pagar a los abogados privados.