El coste de los materiales fue un factor determinante en la ampliación de El Musel. Del incremento de los precios de la piedra, su extracción y su transporte depende el grueso de los sobrecostes que incrementaron el presupuesto de la obra. El hilo de esos costes es uno del que trataron de tirar las dos funcionarias de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que realizaron sendos informes periciales sobre el expediente de la ampliación. Uno de los cabos sueltos, que apreciaron que podría ayudar a desenmarañar la madeja de la gran obra, fueron los estudios sobre los costes de materiales que encargó la Autoridad Portuaria a principios de la década pasada, cuando preveía ejecutar una ampliación sensiblemente mayor que la que finalmente acometió.
Era la denominada alternativa 3C, que acabó en un cajón ante la presión ciudadana. Esa alternativa consistía en un dique de 4,8 kilómetros entre el cabo de Torres y los bajos de las Amosucas que superaba en aproximadamente un kilómetro el dique que finalmente se construyó. Frente a las 145 hectáreas de dársena de la ampliación, la alternativa 3C preveía una dársena de 239 hectáreas. Se trataba de un proyecto notablemente mayor que el que finalmente se ejecutó, pese a lo cual la alternativa 3C se había presupuestado en 446,9 millones de euros, esto es, 52,45 millones de euros menos que los 499,35 en los que se licitó la obra de ampliación una vez recortado el proyecto. El Puerto siempre defendió que la obra menor era más costosa que la mayor por tener más dificultades su proceso constructivo.
Aún así, en su último informe pericial, las interventoras de la IGAE resaltan que el expediente de la obra que la Autoridad Portuaria de Gijón remitió al juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional no incluye en su integridad los estudios encargados por el Puerto en 2001 sobre el coste de los materiales, estudio que recibió el Puerto en mayo de aquel año.
Las interventoras se refieren al encargo que el Puerto hizo a la Universidad de Oviedo aquel año para la búsqueda y análisis de posibles materiales para utilizar en las distintas fases previstas de la obra de ampliación. "El documento está incompleto; en concreto, no se incorporan fichas de las distintas explotaciones de cuya existencia se tiene constancia por su inclusión en el escrito de 13 de noviembre de 2001 del Director del Puerto al Alcalde de Carreño", señala el informe pericial.
El informe pericial de las interventoras de la IGAE resalta respecto a lo que no ha llegado a la Audiencia Nacional de aquel estudio encargado a la Universidad que "del estudio de la universidad de Oviedo, se deduce la existencia de documentación relativa a los costes de los materiales a pie de obra prefijados inicialmente por la entidad contratante, documentación que no consta entre la aportada".
En su informe, las peritas de la IGAE también apuntan que el Puerto no aportó al juzgado ni la propuesta ni el proyecto de prediseño que realizó en 1999 para la obra de ampliación (con la variante 3C). Las interventoras destacan que "dichos documentos incorporarían la valoración de la propuesta de la obra de ampliación, incluida en el Plan de inversiones de 1999, y, en su caso, los criterios para su determinación; en particular los del coste de los materiales, de tanta importancia en este proyecto".
Las peritas también apuntan que el Puerto no aportó el plan de inversiones 1999-2004, aunque el acta del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de 28 de julio de 2000 dice: "Finalmente por parte del señor Director se explican detalladamente y se exponen mediante diapositivas las diversas alternativas y sus presupuestos estimados que existen para el diseño del dique de Torres, obra contemplada en el plan de inversiones de esta Autoridad Portuaria".
Asistencia técnica
Los costes y en particular los de los materiales, fueron uno de los aspectos en los que las interventoras de la IGAE pusieron la lupa al revisar el expediente de la obra de ampliación, remitido por el Puerto a la magistrada Carmen Lamela el 24 de febrero de 2016. Otra de las alusiones que realizan en su pericial las interventoras de la IGAE es que los informes mensuales realizados por la asistencia técnica a la dirección de obra, la UTE Cabo Torres, se han remitido "incompletos" al juzgado, al no incluir anexos citados en el índice de los mismos. Añaden que la información relativa a materiales que aparece en esos informes "no es homogénea" y que la presentación del documento no está firmada.
Estos son sólo algunos de los aspectos de un informe de 99 páginas, ampliación de otro realizado por las peritas de la IGAE en junio de 2015. Además de pronunciarse sobre la documentación remitida al juzgado, sus conclusiones señalan que se daban circunstancias para no haber admitido al concurso a la UTE Cabo Torres (liderada por Dragados), para excluir la oferta de esta UTE que resultó ganadora e incluso, sin tener ambas cosas en cuenta, señalan que una valoración correcta de las ofertas hubiera dado como ganadora a otra UTE liderada por Ferrovial.
