Cangas del Narcea,
Pepe RODRÍGUEZ
El juzgado de Primera Instancia de Cangas del Narcea abrirá hoy, a las diez de la mañana, el juicio contra el Banco Popular de la villa por el producto financiero denominado SWAP que ofreció a «algunos clientes especiales de toda la vida» como seguro frente a la subida de los tipos de interés de las hipotecas, supuestamente sin explicarles que, si el Euribor bajaba en vez de subir, lo cual era lo más probable en aquel momento, algo que tampoco se les contó, serían ellos los que tendrían que pagar al banco, y no poco, sino grandes sumas que, en algún caso, excedieron los 3.000 euros anuales.
El juicio tendrá una duración de dos días y está previsto que finalice el viernes hacia las ocho de la tarde.
Los clientes argumentan que se abusó de su confianza, que no se les dijo la verdad y que se les vendió un producto complejo sin ofrecerles toda la información.
Este juicio es uno de los más importantes que se recuerdan en Cangas. Hay nueve demandantes que se personarán contra el Banco Popular. A su vez, la entidad bancaria ha puesto todos los medios para defender sus intereses; ha recurrido al despacho de abogados madrileño De la Roza y Hermosilla y presentará ante el juez el análisis del perito Rubén Manso, inspector del Banco de España, actualmente en excedencia, que está considerado una autoridad en la materia.
Los demandantes estarán representados por el abogado Marcelino García, quien ya ha ganado varios casos similares al propio Banco Popular y ha sido testigo de cómo el Banco Sabadell llegó a acuerdos con clientes por el mismo motivo, por lo que tiene fundadas esperanzas de alcanzar una nueva victoria.
Los afectados por el caso de los SWAP son muchos más que los nueve que verán su caso juzgado esta semana en Cangas del Narcea. Se estima que son unas 30 personas las que pueden estar en una situación similar por SWAP contratados en la misma sucursal del Banco Popular. Y no es que no hayan acudido a la justicia ni que su caso ya se haya resuelto de manera extrajudicial, sino que esta sólo es la primera oleada de juicios por este producto supuestamente fraudulento. Por esa razón, la setencia que se derive de este proceso será de gran importancia para futuros procedimientos por la misma causa.
El enfado de los demandantes por sentirse estafados se ha incrementado al ver el esfuerzo y el gasto invertidos por el Banco Popular para afrontar este juicio. Estiman que con la mitad del dinero que se va a gastar el banco en este proceso podría haber llegado a un acuerdo con ellos para indemnizarlos. A este respecto, los demandantes achacan a los responsables del banco una total falta de diálogo y su desinterés por solucionar el problema, hasta el punto de que interpretan que el banco se ha tomado esto como un asunto personal contra ellos.
