El calvario de Villadestre y Villaoril (en Cangas del Narcea) para ordenar sus fincas: la historia de una concentración parcelaria que acabó en juicio

Tres años han tenido que pasar para que los vecinos incluidos en la concentración parcelaria de Villadestre-Villaoril (Cangas del Narcea) puedan empezar a trabajar en las fincas de reemplazo creadas tras el proceso de reordenación del territorio, que se dio por concluido en junio de 2021. No obstante, en ese momento, un grupo de propietarios, en desacuerdo con el resultado, decidió llevar el caso ante el juez y presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que fue desestimado en sentencia del 13 de febrero de 2024, siendo firme el 17 de abril de 2024, al no haberse interpuesto recurso alguno.

Precisamente, este martes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publicaba la resolución por la que los propietarios ya podían tomar posesión “con carácter definitivo” de sus nuevas fincas de reemplazo. Un paso muy esperado por buena parte de ellos, que confiesan sus ganas de cerrar este capítulo que les mantenía en parálisis, al no poder disfrutar de sus nuevas parcelas.

“No fueron fáciles estos tres años, teníamos todas las fincas abiertas por la concentración parcelaria y teníamos que ir cerrando con pastor para poder sacar el ganado al pasto”, explica un ganadero incluido en la concentración, que prefiere no dar su nombre. Recuerda que el proyecto de concentración ya comenzó en 2015, con la ilusión de poder modernizar y facilitar el trabajo al sector, por ello lamenta que se haya alargado tantos años, porque en un gremio donde la media de edad es por lo general elevada, “al final, te haces viejo en el proceso”.

Ese fue el principal inconveniente para los propietarios, tener que seguir utilizando sus antiguas fincas desde 2021 hasta la actualidad, pero estando estas afectadas por las obras de la concentración parcelaria, lo que suponía que en muchos casos se encontraran divididas por los nuevos caminos y con cierres desaparecidos, por lo que los ganaderos, para poder seguir con su actividad tuvieron que ir realizando cierres provisionales, con pastores eléctricos.

La concentración parcelaria afectó a 58 propietarios y fueron seis los que llegaron al recurso contencioso al considerar que hubo un “desequilibrio” entre la calidad de las fincas que aportaron a la concentración y las que recibían de reemplazo, además de sentir que no se había compensado de forma homogénea a todos los propietarios, señalando en su denuncia que “cuatro propietarios fueron escandalosamente beneficiados con la asignación de las fincas de reemplazo”. De este modo, en su demanda solicitaban principalmente que se declarara la nulidad absoluta de todo el procedimiento de concentración parcelaria, al creer que se habían “vulnerado los principios de imparcialidad y de equidad en la clasificación de tierras”.

Unos argumentos desestimados por el TSJA, que en su sentencia señalaba que “no puede considerarse que se haya vulnerado ninguna regla procedimental de la concentración ni que se haya producido un quebranto como el invocado por los recurrentes que determine la anulación de la concentración parcelaria”.

Además de la administración, en el procedimiento judicial se personaron en calidad de codemandados 16 propietarios, todos ellos representados por José Luis Martínez y Francisco Morán, del despacho Martínez & Morán abogados, de Cangas del Narcea, que solicitaban la desestimación íntegra del recurso contencioso administrativo. Los propios letrados aseguraron que, desde su experiencia, no es habitual que en las concentraciones parcelarias se den este tipo de recursos en los que se reclama su anulación total.