El macrogeriátrico de 31 millones de euros que el Montepío de la Minería construyó en Felechosa con fondos mineros entró ayer de lleno en el punto de mira de la comisión parlamentaria que investiga la fortuna oculta del exlíder minero José Ángel Fernández Villa. El interventor delegado del Instituto del Carbón y el exgerente revelaron la existencia de "varias deficiencias" en el expediente de esa subvención que, en su opinión, podría obligar al Montepío a devolver los 28 millones que ya ha recibido para ese proyecto y a quedarse sin los 3 millones pendientes de cobro.
Pedro Lázaro Viar, gerente durante algo menos de dos años del Instituto del Carbón (dependiente del Ministerio de Industria), también reveló que el Montepío reclamó, cuando era presidente José Antonio Postigo, el pago de 3 millones de euros adicionales al coste de esa obra para sufragar "costes financieros", una cifra y petición que Lázaro no dudó en calificar de "imposible".
Por su parte, el interventor delegado del Instituto del Carbón, Antonio Merino Díaz, desveló la existencia un informe interno de 2011 que advertía de la existencia de "varias deficiencias" en el expediente de las obras del macrogeriátrico, un proyecto "singular" que obligó a un cambio legal en las subvenciones de los fondos mineros, que hasta 2007 sólo podían gestionar los gobiernos regionales o las entidades locales. El cambio se hizo para que también pudieran ser beneficiarias entidades sin ánimo de lucro, como era el Montepío. El interventor no quiso entrar al detalle de un informe que "deben recabar del Instituto del Carbón", indicó a los diputados. Eso sí, confirmó la existencia "de muchas cuestiones que no se habían hecho de acuerdo al correcto desarrollo de la subvención que encerraba ese convenio".
Un precedente a corregir
Merino habló de ese informe de la Intervención del Instituto del Carbón después de que el presidente de la comisión parlamentaria, Ignacio Prendes, le preguntase por las razones por las que Industria no abonado el último pago del macrogeriátrico (3,3 millones de euros). El interventor delegado precisó que en el expediente no estaba el acuerdo de la mesa regional de los fondos mineros que aprobaba la inclusión de ese proyecto. "No me consta, no vi ese acta", aseguró. Merino también destacó que en el citado informe sobre el macrogeriátrico de Felechosa, la Intervención del Instituto del Carbón señaló la conveniencia de aplicar la ley contratos públicos y de que hubiera funcionarios en la adjudicación de esa obra, una situación que no se había producido. "El convenio jamás debió firmarse sin obligar de forma expresa al Montepío a realizar una adjudicación con arreglo a la Ley de Contratos y además, incluso, con la participación de funcionarios del Instituto del Carbón en esa mesa de contratación. Y lo dijimos para que en lo sucesivo no se olvidasen de incluir una cláusula de ese tipo en actuaciones similares".
Luego, Antonio Merino ya a preguntas del diputado Luis Álvarez Payo (IU) afirmó que "no era correcto que la subvención se concediese al Montepío y que los gastos no se justificaran por la entidad beneficiaria de la subvención sino por una empresa privada". De hecho, alguna de esas facturas, por importe de un millón de euros, llegó al Instituto del Carbón de la Residencia de Mayores La Minería, la sociedad limitada encargada de la gestión del macrogeriátrico de Felechosa, según respondió al diputado popular Fernando Goñi. Estas facturas "no podían ser consideradas como gasto subvencionable por las características de cómo fueron realizadas", concluyó el interventor delegado.
Su declaración más impactante llegó cuando reflejó la "preocupación" por el desenlace de esta subvención: "Todavía puede ocurrir que al hacer la comprobación de todo esto, pudiera ser que se le pidiera el reintegro de la subvención al Montepío con todas las consecuencias que ya se pueden imaginar ustedes eso tendría", dijo Merino, aunque, a una pregunta posterior del portavoz socialista Fernando Lastra, añadió que esas deficiencias "pueden ser subsanables, igual que al revés".
Por su parte, Pedro Lázaro Viar, gerente del Instituto del Carbón entre 2010 y 2012, compartió la opinión del interventor Merino sobre la posible devolución de los 28 millones recibidos hasta ahora por el Montepío para la residencia de ancianos de Felechosa. Pero su declaración más sorprendente fue que el Montepío reclamó "3 millones y poco de euros por gastos financieros" directamente al Instituto del Carbón sin pasar antes por la Mesa regional, además de los 31 millones correspondientes a la obra.
