Suprimir el acceso de vehículos particulares a los Lagos de Covadonga es una idea que ronda la cabeza del consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra. Ayer abogó en el Pleno de la Junta General por una reflexión pública sobre cómo reducir "o incluso suprimir" los 450.000 vehículos que acceden cada año a los Lagos. "Queremos que haya un número de visitantes sensato, adecuado" y transportarlos de manera "ordenada" con un dispositivo satisfactorio para ellos", como el plan de transporte a los Lagos, un "buen servicio" que se va a aplicar este año 161 días, indicó, para después resaltar que en el parque hay que hacer "pocas cosas" más allá de la divulgación y el conocimiento de los recursos naturales. De momento, ha decidido no reparar el tramo de carretera que une los dos lagos y planea su supresión.

Lastra señaló que la construcción de la pasarela peatonal entre San Esteban de Pravia y San Juan de la Arena, en la desembocadura del río Nalón, tendrá que esperar. "No estamos en la fase de ejecución, sino en la anterior", porque hubo que esperar a la aprobación del crédito extraordinario, que incluye 18.000 euros y tres meses para modificar el proyecto.

Lastra justificó que no se construyera la anunciada subestación eléctrica de la ZALIA porque no había demanda de suelo, pero ahora sí pretende sacarla adelante, para lo que pidió la colaboración del Estado, que tiene el 40 por ciento de las acciones "y por lo tanto el 40 por ciento de responsabilidad".

El consejero de la Presidencia, Guillermo Martínez, y el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons protagonizaron un momento bronco cuando se amenazaron mutuamente con acudir a los tribunales, tras acusar el segundo al Gobierno de haber influido "de manera descarada" en la selección de perito en un procedimiento judicial contra la empresa pública GITPA. Martínez lo negó tajantemente.

El consejero de Educación, Genaro Alonso, mostró su disposición a ampliar la red de centros para niños de hasta tres años, una actuación cuyo retardo achacó a "la situación económica de los ayuntamientos".

La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, negó haber dado instrucciones a una directora general para abstenerse y no apoyar varios convenios y compromisos en el consejo de administración de Gijón al Norte, que apoyaron los representantes de Infraestructuras. Arguyó que no hubo voto en contra , "ni sorpresa en Infraestructuras, que ya sabía de antemano el sentido del voto de la directora general", debido a la necesidad de un informe.