El Gobierno regional da el primer paso en la reforma de la Administración autonómica, anunciada meses atrás. El Consejo de Gobierno acordó ayer realizar una auditoría sobre la contratación de personal en las fundaciones y empresas que forman parte de su sector público, que estará enmarcada en el plan de la Inspección General de Servicios de esta anualidad, según confirmó ayer el vicepresidente del Gobierno, Juan Cofiño.
Barbón anunció meses atrás su objetivo de acometer una reforma en la Administración del Principado por ser una demanda de la sociedad asturiana y para adaptarla a las nuevas necesidades, ya que la actual estructura autonómica, con más de tres décadas a sus espaldas, ha quedado obsoleta. La intención del Ejecutivo socialista es la consecución de una Administración que responda a las actuales exigencias, acentuadas además por la irrupción de la pandemia del coronavirus.
El vicepresidente Cofiño, encargado de pilotar esa reforma, empezó por reunirse con representantes de los sindicatos de la función pública, que le trasladaron de manera coincidente que la reforma del Principado no puede pasar por un recorte de empleos, y señalaron al sector público, formado por fundaciones y empresas, como un posible nicho de duplicidades.
El estudio encargado a la Inspección General de Servicios analizará la normativa en materia de contratación de personal en las fundaciones y empresas públicas "para identificar posibles mejoras", según avanzó Cofiño, quien también apuntó el objetivo de buscar una armonización sobre "el modelo diseminado de los servicios de contratación". El análisis también entrará en las cargas de trabajo de las distintas consejerías, organismos y entes públicos, aunque no alcanzará a los de naturaleza sanitaria, como el SESPA, o sociosanitaria, como la red de Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA).
Los resultados de esta radiografía habrán de servir para la toma de decisiones sobre la reforma de la Administración del Principado, según Cofiño.
